INSÓLITO

Ganó una fortuna en la quiniela, pero la Justicia lo obliga a repartir el premio por un pacto de palabra

Un hombre que ganó la lotería se negó a cumplir el trato histórico que tenía con su compañero. Tras una demanda civil y un audio, una jueza dictó una sentencia que marca un precedente sobre los acuerdos verbales.

Un fallo judicial sin precedentes sacude el ámbito de las apuestas laborales tras confirmarse que un hombre, tras obtener un millonario premio, deberá ceder parte de su riqueza por orden de una magistrada.

La justicia intervino en este conflicto para determinar que, aunque el azar favoreció a un solo individuo, el resultado de la quiniela o cualquier sorteo similar no exime de cumplir los pactos, obligando al ganador a repartir su fortuna con un antiguo colega.

La sentencia dictaminada establece que la persona beneficiada por la lotería está obligada a ejecutar la transferencia de una suma específica, validando así los compromisos orales por encima de la falta de contratos escritos.

Según la resolución, el hecho de ganar un millón de euros no permite romper el trato histórico entre los compañeros, ya que las pruebas acreditaron que el acuerdo verbal tiene plena validez legal para forzar la división.

Un acuerdo de años que lo cambió todo para el ganador de la quiniela

Los protagonistas de esta historia son amigos y compañeros de trabajo que juegan de forma conjunta a diversos juegos de azar durante mucho tiempo. 

El pacto estipula que, en caso de ganar el millón de euros, el afortunado debe entregar 100.000 a su compañero. La suerte llegó finalmente el 31 de julio de 2022, cuando cada uno compró un boleto del juego "Rasca Mega Millonario" por diez euros. 

El boleto del hoy condenado resultó premiado con la cifra máxima y ambos festejaron el logro ese mismo día en distintos locales de Tomiño, España.

Sin embargo, el pago de los 100.000 euros nunca ocurrió, lo que provocó que el afectado presente una demanda civil. Un abogado representó al demandante en este proceso donde la falta de mensajes de WhatsApp o escritos parece un obstáculo insalvable. 

A pesar de la ausencia de papel, la jueza dio plena validez al contrato verbal, ya que el Código Civil respalda estos acuerdos siempre que se demuestre su existencia real y las circunstancias del trato.

Dos amigos se enfrentan en un proceso legal que define el destino de una cifra asombrosa.
Dos amigos se enfrentan en un proceso legal que define el destino de una cifra asombrosa.

La prueba que cambia el rumbo del juicio

El testimonio de los testigos aportó claridad sobre los hechos ocurridos el día del premio. Una compañera de trabajo declaró que el ganador le contó sobre el millón de euros mientras el amigo le explicaba el trato de los 100.000 en presencia del propio afortunado.

Además, otra testigo presenció una charla donde el ganador afirmaba que su amigo podía hacer lo que quisiera con el dinero, en un contexto donde evaluaban compras de autos o pagos de hipotecas.

La prueba más determinante fue una grabación telefónica que realizó el demandante. En el audio, el ganador del millón de euros admite de forma constante y clara que el trato existe. 

Sin embargo, justifica su negativa a pagar con que su hija no quería que comparta el dinero y él no buscaba peleas familiares por este motivo.

Aunque el demandado negó su identidad en la grabación, un perito experto confirmó que se trataba de su voz. La jueza consideró que este reconocimiento fue esclarecedor y demostró que el único problema para cumplir la promesa era la oposición de la hija del ganador.

Cómo terminó el conflicto

La sentencia destacó que el pacto verbal tenía total y plena validez legal. La grabación se consideró una prueba lícita porque la realizó uno de los interlocutores, un detalle técnico que permite su uso en sede judicial. 

Por otro lado, el tribunal citó mensajes de WhatsApp entre el demandante y la hija del premiado, donde ella cuestionaba la normalidad de esos tratos y aseguraba que no habría entrega de dinero.

Finalmente, el fallo obliga al vecino de Tomiño a pagar los 100.000 euros junto con los intereses correspondientes. La resolución todavía permite un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, pero por ahora el sistema legal ratifica que la palabra tiene consecuencias económicas directas. 

Este caso subraya que los acuerdos informales entre amigos poseen un peso jurídico real cuando hay evidencias que respaldan la voluntad de las partes.

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