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Hace unos días, seis empleados de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas fueron despedidos con causa tras haberse descubierto que fraguaban sus ingresos a través del uso de dedos de silicona con sus huellas dactilares grabadas. Se rotaban uno por día. El que debía hacer la trampa llegaba media hora antes de su horario para no ser detectado y fichaba por todos.

Años atrás, en la agencia de noticias estatal Télam se detectó una modalidad similar. En ese caso eran dos empleados, padre e hijo. Cada uno cumplía un turno de seis horas diarias, con el detalle de que, cuando salía uno, entraba el otro. En ese momento se fichaba con tarjeta. A diario, el que iba más temprano fichaba la entrada con ambas tarjetas; al momento de irse, se las pasaba al otro, quien recién cuando terminaba su turno fichaba la salida por los dos.

Durante un tiempo, ambos cobraron seis horas extras por cada día de trabajo. Hasta que fue detectada la maniobra y ambos fueron suspendidos sin goce de sueldo por algunos meses y apercibidos en su legajo, con posible despido inmediato de cometer otra falta. Está claro que esas conductas son inaceptables y ninguna persona de bien las defendería. Se enfatiza esto porque, de manera solapada y maliciosa, suele endilgárseles posturas a quienes creen que, en una economía de mercado, pueden perfectamente existir empresas de propiedad total o parcial del Estado, sobre todo en sectores de la economía que resulten estratégicos para un país.

La eficiencia y la transparencia en la gestión no tienen por qué ser viables sólo en la esfera privada. El propio gobierno nacional dio un buen ejemplo de esto con Aerolíneas. Los números han ido mejorando año a año y la empresa sigue siendo estatal, más allá de que Mauricio Macri insista recurrentemente con dejar de subsidiar a Aerolíneas. Pero eso es una discusión para otra oportunidad.