En nuestro país y en la región, a pesar de los avances en legislación y políticas públicas hacia la diversidad, el promedio de vida de las personas trans es de 35 a 40 años.

La ley de identidad de género, que reconoce el derecho a la identidad de las personas trans, materializó los conceptos doctrinarios que definían el derecho a la identidad como “el derecho a ser uno mismo y no otro” a partir de las discusiones en torno a la apropiación de bebés durante la última dictadura militar, haciéndolo realidad también para este colectivo. El Estado les reconoció el derecho a ser ellos y ellas mismas.

Con este reconocimiento se les abrió la puerta de acceso para todos los demás derechos, pero cuando eso sucedió ahí estaban todavía los obstáculos de la discriminación, sumados a los años de violencia y exclusión estructural. Una persona trans con 35 o 40 años al momento de aprobarse la ley de identidad, ya no contaba -en la mayoría de los casos- con educación formal de ningún tipo, ni con experiencia laboral alguna. Si a esta realidad le agregamos una salud muy deteriorada por la violencia y el no acceso a la mayoría de sus derechos, es imposible pensar que estas compañeras y compañeros, aún con su identidad reconocida, pudieran acceder a, por ejemplo, un empleo formal.

Siglos de violencia y marginación extrema, no iban a modificarse de un día para el otro. Para revertir una realidad que tiene como resultado un promedio de vida de la mitad del de la población general, hay que generar políticas públicas afirmativas que establezcan una ventaja para un sector que vive tanta desigualdad.

De eso se trata la Ley de Inclusión Laboral para las personas Travestis y Trans, que establece un cupo para las personas trans en la administración pública nacional, incentivos impositivos para las empresas que tomen personas trans, prioridad en las contrataciones del Estado de las empresas que incluyan personas trans, entre otras medidas para posibilitar el acceso al trabajo de una población cuyo destino durante muchos años fue únicamente el trabajo sexual, con todo lo que esto implica en un contexto de estigmatización, persecución y negación de derechos para les trabajadores sexuales, otra deuda pendiente de las democracias actuales.

Pero el derecho al trabajo no es el único derecho obstaculizado para este colectivo. Por eso esta ley que acaba de promulgar el Presidente de la Nación es sólo un capítulo de la Ley Integral Trans presentada por la Federación Argentina LGBT y ATTTA Red Nacional. Faltan todavía profundizar en políticas de vivienda, educación, salud, entre otras, para el acceso a todos los derechos de esta población durante tantos años postergada.

Durante la promulgación, el presidente expresó, “quiero ganarle a Cristina y que mi gobierno sea más progresista que el de ella”. La verdad es que no es tarea fácil la que se propone el presidente. La comunidad LGBT avanzó con Cristina en la mayoría de las reivindicaciones históricas que hacen a la igualdad jurídica de nuestras familias y nuestra comunidad: Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y tantas otras con artículos que incluyen derechos específicos para la diversidad como la Ley de Reproducción Humana Asistida, la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Salud Mental, la Ley de Femicidio y Crímenes de Odio, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, más políticas públicas como el Primer Programa Nacional de Diversidad Sexual que me tocó crear en el INADI en el 2008, áreas de diversidad en casi todos los Ministerios Nacionales… entre tantos otros programas y decisiones que hicieron a nuestro país, un país de vanguardia en materia de derechos e igualdad para la diversidad.

Ganarle a Cristina es como ganarle a Perón en derechos laborales o a Evita en derechos de las mujeres. No es moco de pavo lo que se propone el presidente, pero va por buen camino. El DNU de cupo trans firmado en plena pandemia fue un excelente gesto en ese sentido, y la aprobación de esta ley un paso hacia adelante indiscutible. Pero para acercarnos a Cristina, tenemos que sancionar una Ley Integral Trans que garantice el acceso a todos los derechos de la comunidad trans en nuestro país y avanzar en la aprobación de una nueva Ley Antidiscriminatoria que no solo nos incluya a nosotres y a otros grupos vulnerados por la discriminación que no están incluidos en la ley actual sino también que sea una ley más eficaz en la sanción y -sobre todo- prevención de actos discriminatorios.

También es necesario desbinarizar la educación, y generar políticas públicas para la batalla cultural aún pendiente. Lograr la igualdad jurídica no garantiza la igualdad real, la más importante, la de la vida cotidiana. Para eso, necesitamos políticas de educación, cultura y comunicación que contribuyan en esa gran batalla. Ahí, señor presidente, quizás recordaremos a “Les Fernández” como quienes garantizaron nuestros derechos a Argentina. Cuente con nosotres para eso.

Yo le tengo fe.

M.R. Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA.

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