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En una de sus últimas declaraciones públicas de 2019, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendió férreamente la mirada con la cual llevó adelante su gestión al frente de ese área. Bajo el simplista planteo de que, antes del gobierno de Cambiemos, "los policías y demás agentes de seguridad tenían menos derechos que los delincuentes", la ahora presidenta del PRO justificó el haber promovido un protocolo que reforzó las atribuciones de los efectivos en nombre de ejercer una mejor seguridad para todos los ciudadanos de bien.

La ahora ex funcionaria parece soslayar un principio básico que atañe a todo integrante de alguna fuerza estatal que -por su rol en la organización social de este país- tiene el monopolio legal del uso de la violencia. Ese principio indica que, como contraparte de la atribución de llevar un arma de fuego con el respaldo legal para utilizarla, existe un grado de responsabilidad en la forma de actuar que también está por encima de lo exigible al común de los habitantes de una sociedad.

Es decir que no es que los policías, gendarmes, prefectos, etc., tengan "menos derechos" que nadie, ya que son también ciudadanos de la comunidad. Lo que sí tienen es una mayor responsabilidad a la hora de ejercer la atribución ya no sólo de usar un arma en caso de considerarlo necesario, sino también para realizar otras potestades que les confiere su condición de efectivo de seguridad pública: llamarle la atención a uno o más transeúntes en la calle, pedirles documento, interrogarlos acerca de qué hacen en ese lugar o hacia dónde se dirigen, etc.

Cuando Bullrich se refiere al tema de la seguridad, en general soslaya esos aspectos, vinculados con la función primordial de cuidarnos a todos. Párrafo aparte merecen los casos de gatillo fácil y la eterna polémica de la ex ministra con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), institución cuyo nombre explicita su razón de ser y su tarea.

Según Bullrich, la Correpi instaló la idea de que "todo hecho en el que un agente usa el arma de fuego configura un caso de violencia institucional". En todo caso, será algo que infiere la ex ministra, pero la entidad nunca formuló un planteo en esos términos.