Un local que durante años funcionó como un prostíbulo en el que se explotaban a 16 mujeres extranjeras, será puesto en alquiler para proporcionar una eventual reparación económica a las víctimas, según lo dispuso la Justicia Federal de Mar del Plata. 

La medida fue adoptada por el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado 3 de la localidad balnearia, quien ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que lleve adelante la medida, cuyo objetivo es brindar "la protección y reparación que eventualmente corresponda a las víctimas por los daños sufridos".

El magistrado hizo lugar a un pedido en ese sentido del Ministerio Público Fiscal, para que el local donde funcionó el prostíbulo "La Posada", ubicado en la zona de La Perla, fuera puesto bajo custodia y conservación de la AABE con ese fin.

El lugar, embargado en el marco de la causa que se le sigue a dos personas por lavado de activos procedentes del delito de trata de personas, deberá ser preservado y custodiado, y en caso de ser alquilado, el dinero obtenido podría usarse como reparación de las víctimas, si los imputados son finalmente condenados.

El juez aseguró que la AABE, " deberá proceder al alquiler del mismo a valor de mercado y realizar todos los actos necesarios para el seguimiento de la custodia y conservación del bien, debiendo depositar las sumas consecuentemente obtenidas en una cuenta a nombre del juzgado", para que "en caso de recaer condena" sobre los imputados, "puedan ser destinadas a la reparación de las víctimas".

La resolución dispuso además que la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de modo coordinado, constaten las condiciones en que se encuentra el inmueble, ubicado en la calle 11 de septiembre.

La medida de preservar el bien y obtener una ganancia con su alquiler para la reparación de las víctimas tiene en cuenta " el avanzado estado del proceso" por lavado, ya que el último 9 de marzo pasado el magistrado dictó en esta causa los procesamientos de Aníbal Raúl Ramón Soria y María del Carmen Castrege como coautores de ese delito, trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos y prohibió su salida del país.

Según informó el Ministerio Público a través del sitio Fiscales.gob, "Soria -quien al igual que Castrege transita el proceso en libertad- aguarda actualmente que un tribunal lo juzgue por el delito de trata de personas, luego de que fuera absuelto en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y que, al año siguiente, la Cámara Federal de Casación revirtiera el fallo y ordenara la realización de un nuevo debate".

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