El fiscal federal Franco Picardi abrió una causa penal en la que imputó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas,  Pablo Noceti, para investigar si estos actuaron fuera del marco legal durante el desarrollo del conflicto de tierras mapuche en el año 2017, en los que se accionó mediante operativos de seguridad. 

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich eligió twitter para responder a las fuertes acusaciones judiciales en las que fue imputada. "Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar", escribió la funcionaria en la publicación.

En el dictamen, el fiscal a cargo solicitó investigar si los acusados realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y construir en la figura de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas.

Asimismo, en el documento se pide investigar si ambas figuras, junto con otros funcionarios de Seguridad, actuaron fuera de sus atribuciones con el objetivo de perseguir y coaccionar a la comunidad mapuche y así resguardar los negocios de los propietarios de las tierras. En ese sentido, el dictamen solicita saber si hubo una protección del lucro inmobiliario en la administración de la negociación entre ambos.

La causa judicial se inició a raíz de una denuncia establecida por la Asamblea Permanente de DerechosHumanos (APDH). Según explicó el organismo, distintos funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad habrían encabezado desde diciembre del año 2015, un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches.