El Ministerio Público Fiscal (MPF) y las defensas de tres personas, dos de ellas mujeres trans que habían sido acusadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tuvieron en cuenta su pertenencia a “un grupo social desfavorecido” para reducir sus penas en el marco de un juicio abreviado.

En el proceso, realizado en los tribunales federales de Comodoro Py, intervino la fiscal general Gabriela Baigún con la colaboración de la Dirección General de Políticas de Género.

Baigún contempló que las dos mujeres trans, "integran un colectivo con altos índices de padecimiento de violencia y con importantes barreras en el acceso a derechos, en base a pretextos basados en su identidad de género".

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En este contexto, la Fiscalía puso de manifiesto que "la desigualdad de oportunidades gravita especialmente en la alta criminalización que sufren las integrantes de este colectivo" y analizó la prueba tomando en cuenta la vulnerabilidad de las imputadas por su pertenencia a un grupo social desfavorecido, cuestión que consideró "imposible de soslayar".

En consecuencia, la fiscal acordó penas de entre cuatro y tres años de prisión con ejecución en suspenso para las imputadas.

El juicio abreviado es un procedimiento alternativo que establece el Código Procesal Penal de la Nación que dispone que el imputado debe reconocer el delito y aceptar la pena a la que se llega mediante un acuerdo entre el acusado, su abogado defensor, el fiscal y la víctima querellante. Es una herramienta que aporta celeridad y economía al proceso penal.

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