La Justicia Federal de San Isidro busca juzgar a siete acusados de engañar a hombres mediante redes de encuentros virtuales. Los presuntos líderes organizaban el plan delictivo desde un penal bonaerense e instigaron a quitarse la vida a Rodrigo Gómez, el joven custodio de la Quinta de Olivos.

El fiscal federal Federico Iuspa dio un paso clave en la investigación al presentar el requerimiento de elevación a juicio ante la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los cargos principales apuntan a desbaratar una estructura delictiva dedicada a recaudar millones de pesos mediante chantajes virtuales.

Detrás de la pantalla operaba una red que utilizaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas para captar a las víctimas. Una vez ganado el contacto inicial, las conversaciones se mudaban al servicio de mensajería WhatsApp para profundizar la presión psicológica.

Los delincuentes ejecutaban una puesta en escena intimidatoria que incluía audios de una supuesta madre denunciante que reclamaba falsamente por la minoría de edad de la joven contactada. El engaño se completaba con la aparición de un falso policía porteño que exigía dinero de forma inmediata.

La muerte de Gómez, un soldado de 21 años del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, destapó el entramado el 16 de diciembre. El cuerpo del uniformado fue hallado sin vida en una de las garitas de la residencia presidencial tras sufrir el acoso cibernético.

Una carta de despedida dejada por el conscripto se transformó en la pieza fundamental para que la División Homicidios de la Policía Federal Argentina rastreara los movimientos económicos. El rastreo de las cuentas determinó que la víctima transfirió más de un millón cuatrocientos mil pesos antes de morir.

Tres hechos de extorsión consumados entre mediados de diciembre y febrero forman parte de la plataforma fáctica que la fiscalía sumó al expediente. Otras dos víctimas cayeron en la misma trampa económica, depositando diferentes sumas de dinero en cuentas de billeteras virtuales.

La banda

Los presuntos cabecillas del clan, identificados como T.M.F. y M.J.D.A., coordinaban los llamados telefónicos y las amenazas desde las celdas de la Unidad N°36 de Magdalena. La acusación los señala como jefes de una asociación ilícita agravada y coautores del delito de instigación a quitarse la vida.

Cuatro mujeres resultaban indispensables en el eslabón externo de la organización criminal al aportar los chips telefónicos y prestar sus nombres para abrir las billeteras virtuales. Todas permanecen detenidas luego de que la Justicia rechazara los pedidos de excarcelación de las defensas.

El debate oral buscará determinar las responsabilidades de una metodología delictiva que destruyó la vida de Gómez.

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