Efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad realizó este miércoles un allanamiento en un inmueble del barrio de Monte Castro donde funcionaba un taller clandestino.

El operativo se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Bahía Blanca y Arregui, donde había un taller de costura ilegal con trabajadores informales que vivían en condiciones de hacinamiento.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron el rescate de 18 personas que se encontraban en el interior del establecimiento. Según el reporte oficial, el grupo estaba integrado por once adultos y siete menores de edad, algunos de los cuales son de nacionalidad extranjera.

La intervención judicial fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, actualmente subrogado por el magistrado Ariel Lijo, bajo la supervisión de la Secretaría N° 21, a cargo de Carolina Lores Arnaiz. 

La orden se efectuó a partir de una investigación previa sobre presunta explotación laboral. Los investigadores constataron que las víctimas residían en el lugar en condiciones de extrema precariedad. Los informes describieron el entorno como "condiciones inhumanas", señalando una falta total de higiene y seguridad en las instalaciones habitacionales y de trabajo. 

Además, los agentes comprobaron que los trabajadores tenían restringida su libertad. Las personas retenidas en el taller no poseían llaves del inmueble, lo que les impedía el acceso o la salida del lugar por voluntad propia, quedando supeditados al control de los encargados. 

Asimismo, se verificó que el taller operaba bajo la modalidad conocida como "cama caliente". Esta práctica consiste en la utilización de los mismos espacios de descanso por diferentes personas en turnos rotativos, optimizando el espacio físico para la producción continua y reduciendo los costos de vivienda. 

El operativo no solo contó con la presencia policial, sino que requirió la intervención de múltiples organismos especializados. Participó personal de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, con el objetivo de brindar contención psicológica y asistencia legal inmediata a los rescatados. 

También se sumó al despliegue la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia, el Área Trata del Ministerio de Justicia de la Ciudad. Estos equipos son los encargados de evaluar la vulnerabilidad de los menores y coordinar su resguardo. 

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones intervino para regularizar y constatar la situación documental de los ciudadanos extranjeros hallados en el predio. Se busca determinar si ingresaron al país bajo promesas laborales engañosas, una característica común en las redes de trata con fines de explotación laboral. 

En tanto, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) procedió a la inspección de la infraestructura y las habilitaciones del local. El organismo evaluó las instalaciones eléctricas y de gas, además de la normativa de seguridad contra incendios, que suelen ser nulas en este tipo de emprendimientos ilegales. 

La causa continúa bajo secreto de sumario mientras se recolectan pruebas adicionales para determinar las responsabilidades penales de los propietarios del inmueble y los regentes de la actividad textil.