La Cámara Comercial de la ciudad de Buenos Aires confirmó este jueves una condena contra una entidad bancaria por su responsabilidad en un fraude digital. 

El tribunal ordenó que el banco restituya $2.430.000 sustraídos mediante seis transferencias consecutivas y que, además, abone una indemnización por daño moral a la víctima, una mujer jubilada.

El deber de seguridad y las operaciones no habituales

El fallo, firmado por los jueces Eduardo Machin, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez, subrayó que la entidad financiera falló en sus protocolos de control. 

Según los magistrados, la sucesión de movimientos en un lapso tan breve debió haber encendido las alertas del sistema de monitoreo.

"El banco debió haber advertido que las seis transferencias que habían sido realizadas en un lapso de 22 minutos no eran operaciones habituales", sentenció el tribunal. 

La resolución destacó que no hubo pruebas de que la institución activara mecanismos de seguridad para verificar la identidad del usuario ante un comportamiento de cuenta atípico.

Protección a la vulnerabilidad y carga de la prueba

La Justicia también rechazó el argumento del banco, que pretendía que la jubilada demostrara no haber entregado sus claves a terceros. 

Los jueces calificaron esta exigencia como una "prueba negativa de imposible producción", reafirmando que es la entidad quien debe garantizar la inviolabilidad de sus sistemas.

Asimismo, los camaristas hicieron especial énfasis en la condición de la damnificada:

• Vulnerabilidad: Su situación como persona mayor le otorga una protección especial bajo los estándares judiciales.

• Indemnización: Además de la devolución del capital robado, se fijó un monto de $2.500.000 en concepto de daño moral.

Con esta decisión, la justicia de Buenos Aires sienta un precedente sobre la responsabilidad proactiva de los bancos frente a las ciberestafas que afectan a sectores vulnerables.