Crimen de la jubilada: declararon inimputable al acusado y ordenaron su internación
La Justicia de Neuquén sobreseyó al ciudadano dominicano que mató a Olga Delina Quinteros en marzo de 2025 para robarle. Permanecerá diez años bajo custodia en un centro de salud mental.
El brutal asesinato de Olga Delina Quinteros, la jubilada de 70 años asesinada en su casa de la localidad neuquina de Piedra del Águila, tuvo un cierre judicial que genera fuerte impacto.
La Justicia de Neuquén declaró inimputable al único acusado por el homicidio ocurrido en marzo de 2025 y ordenó que permanezca internado bajo una estricta medida de seguridad durante 10 años.
El dictamen se basó en los peritajes psiquiátricos que determinaron que el hombre padeció una alteración que le impidió comprender la criminalidad de sus actos al momento del ataque.
La resolución judicial benefició a un ciudadano oriundo de República Dominicana, quien quedó formalmente sobreseído por el magistrado de garantías Ignacio Pombo.
Los informes confeccionados por los profesionales del área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén y los médicos del hospital donde se encuentra alojado fueron determinantes para corroborar que el imputado no estaba en condiciones de dirigir sus acciones en medio del raid delictivo.
El crimen
Todo sucedió el 14 de marzo de 2025 por la tarde, el agresor ingresó a la vivienda de Quinteros a robar. Adentro de la propiedad, atacó a golpes a la víctima provocándole la muerte de forma inmediata.
Tras el homicidio, el delincuente revolvió los ambientes y escapó del lugar llevándose dinero en efectivo, un reloj, anillos, una cadena de oro y el automóvil de la jubilada, un Volkswagen T-Cross.
El asaltante condujo el vehículo robado durante cientos de kilómetros con rumbo a la provincia de Buenos Aires, pero el escape se frustró parcialmente a la altura de Azul. Al quedarse completamente sin nafta a la vera de la Ruta Nacional 3, decidió abandonar la camioneta de la víctima y continuar su marcha a pie.
El sospechoso caminó por la ruta hasta que logró convencer a un camionero para que lo alcanzara hasta la Ciudad de Buenos Aires. La tranquilidad le duró muy poco en suelo porteño, ya que los investigadores policiales le seguían los pasos de cerca gracias a los rastreos tecnológicos y los testimonios recolectados en la Patagonia.
Tres días después del homicidio, el 17 de marzo de 2025, el prófugo fue cercado y detenido por las fuerzas de seguridad. El arresto se concretó de manera sorpresiva en los alrededores del consulado de República Dominicana, lugar al que pretendía ingresar para buscar refugio o tramitar documentación que le facilitara la salida del país.
Aunque de manera inicial la causa se abrió y se investigó bajo el protocolo de femicidio, el rumbo de la imputación cambió de forma rotunda en los tribunales neuquinos. Durante la audiencia donde se definió su situación procesal, el Ministerio Público Fiscal modificó la calificación legal a robo calificado por homicidio.
Inimputabilidad
El requerimiento de sobreseimiento e inimputabilidad fue planteado formalmente en abril de este año por el equipo fiscal, argumentando el colapso mental del acusado. El juez Pombo avaló la petición del Ministerio Público Fiscal y fijó de manera obligatoria que el centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires donde el imputado se encuentra alojado desde el año pasado sostenga la internación involuntaria hasta que se concrete su traslado definitivo.
La medida de custodia impuesta en la resolución posee un tope máximo de 10 años en un dispositivo especializado de salud mental y estará sujeta a constantes revisiones médicas. Los especialistas del cuerpo forense evaluarán periódicamente si persisten los factores de riesgo para el propio paciente o para terceras personas, condición indispensable para que el tratamiento psiquiátrico continúe vigente o sea derivado a la órbita de la justicia civil interviniente.
Se le solicitó de forma expresa a la Justicia porteña que intervenga activamente y ordene a la fuerza policial competente una custodia permanente en la institución médica para evitar cualquier riesgo de fuga.
