La Corte Suprema dejó hoy firme la condena a 8 años de prisión del ex policía Carlos Jacinto Gutiérrez por la privación ilegal de la libertad e imposición de torturas contra Juan Carlos Bayarri, uno de los investigados en el secuestro extorsivo del ex presidente Mauricio Macri en 1991.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó hoy por inadmisible, en base al artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, los planteos de defensa en torno a arbitrariedad, vulneración del plazo razonable, derecho de defensa y el debido proceso.

Antecedentes

Macri, vicepresidente de SOCMA, fue secuestrado el 24 de agosto de 1991 en la puerta de su casa de Barrio Parque. 

Lo golpearon, lo subieron a una camioneta y lo metieron en un ataúd hasta que llegaron a una casa en el barrio de Boedo en la avenida Juan de Garay al 2800, donde permaneció 14 días encadenado. 

Su familia pagó un rescate de seis millones de dólares y Macri fue liberado. La investigación apuntó a "la Banda de los Comisarios", un grupo que ya había cometido varios secuestros extorsivos en esos años.

Entre los detenidos durante la investigación estuvo el ex suboficial Juan Carlos Bayarri que estuvo 10 años preso y fue sobreseído. 

Bayarri denunció que fue torturado para que confesara que era miembro de la banda y que participó del secuestro de Macri. 

En 2008 el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bayarri fue secuestrado el 18 de noviembre de 1991 y obligado a confesar bajo torturas su participación en secuestros extorsivos, entre ellos el del empresario y hoy jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

La causa avanzó contra los policías federales retirados Carlos Alberto Sablich (ya fallecido) y Carlos Jacinto Gutiérrez, y el ex secretario del Juzgado de Instrucción N°25 Eduardo Albano Larrea. 

Inicialmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N°19 condenó a los comisarios retirados y al ex secretario a 16 años de prisión.

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la condena, pero ordenó revisar el monto de la pena. 

Otro tribunal entonces fijó una pena de tres años de ejecución condicional. La cámara Nacional de Casación Penal tomó el caso y fijó la pena en ocho años de prisión.

La defensa apeló, pero el máximo tribunal rechazó hoy el recurso por considerarlo inadmisible. El año pasado, la Corte Suprema también había ordenado investigar la actuación del entonces juez del caso Luis Zelaya por omitir denunciar las torturas.