Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena del agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusado de abuso sexual agravado, en perjuicio de una mujer con prisión domiciliaria en su casa del partido bonaerense de Moreno.

Se trata de Fernando Víctor Alfonzo, el agente penitenciario quien recibió la condena a ocho años y medio de prisión, al considerar inadmisible el recurso de defensa del acusado.

Alfonzo participaba en 2019 como integrante de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El agente se presentó en la vivienda de la mujer de 43 años -madre de tres hijos y con problemas de salud- para instalar el dispositivo de control electrónico ordenado por el Tribunal Oral Federal Nº5 de San Martín.

A los pocos días Alfonzo regresó a la vivienda de la condenada para reacomodar la tobillera. Sin embargo, según testimonio de la mujer, el oficial la llevó al patio y le sugirió que podía drogarse o consumir alcohol sin que nadie se enterara.

Al día siguiente el agente regresó, pero en esta oportunidad con intenciones violentas, extorsionando con presentar informes en su contra para dar de baja la prisión domiciliaria. En ese entonces, la obligó a subir a su auto forzándola a practicarle sexo oral.

En las más de tres veces que asistió a la vivienda hubo hechos de extorsión, amenazas y abuso. Todo se cortó cuando una de las hijas de la mujer vio comportamientos extraños en su madre cuando el agente arriba a la vivienda.

“Ya se van a enterar de mí, ya van a ver lo que les va a pasar”, las amenazó el agente, a lo que la hija de la víctima la alentó a que realice la denuncia correspondiente. El caso fue tomado por el Juzgado Federal Nº2 de Morón, interviniendo la Fiscalía Federal Nº1 a cargo de Sebastián Basso.

El fiscal general Alberto Gentili denunció hechos de violencia institucional en perjuicio de una mujer en situación de vulnerabilidad.

El máximo tribunal condenó a Alfonzo a 8 años y 6 meses de prisión, con una inhabilitación especial perpetua para desempeñar funciones en cualquier fuerza de seguridad.

En tanto, el tribunal envió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un pedido especial para que se evalúe la conveniencia de que el control del arresto domiciliario de mujeres no esté a cargo de personal masculino,

Además, pidió que se refuerce la capacitación del personal de la DAPBVE, con el propósito de prevenir hechos similares y de esta manera garantizar el cumplimiento efectivo de las Reglas de Mandela, en conjunto con las disposiciones de la Convención de Belém do Pará.