En un fallo que marca un precedente histórico sobre la responsabilidad en el mundo digital, una mujer fue condenada a pagar una indemnización de 30 millones de pesos a su expareja por una campaña de difamación constante a través de las redes sociales con el uso de términos como "chizito" y "cornudo".

Todo comenzó en 2020, durante los meses de aislamiento por la pandemia, cuando la acusada mantuvo una relación sentimental de siete meses con un oficial de policía que hoy tiene 35 años. Cuando la relación llegó a su fin y comenzaron los ataques sistemáticos a través de las redes sociales.

La Justicia de La Rioja logró acreditar que la mujer montó un esquema de hostigamiento que se extendió durante años, utilizando plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp para desprestigiar al hombre.

Se comprobó el uso de perfiles falsos para amplificar los mensajes, además de los propios.

En sus posteos, la demandada no solo tildaba al efectivo de "estafador", "coimero" y "golpeador", sino que también se refería a él con términos como "chizito", "cornudo" y "pito corto".

El acoso no se limitó a la pantalla, ya que la mujer llegó a presentarse en reiteradas oportunidades en la puerta de la comisaría donde la víctima prestaba servicio para insultarlo a la vista de sus compañeros y superiores.

Esta situación generó un impacto en la carrera profesional del policía, quien debió enfrentar sumarios administrativos que frenaron sus ascensos durante tres años y pusieron en jaque su estabilidad laboral.

El daño psicológico también fue profundo, atravesó un cuadro depresivo grave y tuvo que permanecer bajo carpeta psiquiátrica debido a la humillación constante.

Ante la falta de respuestas y el daño creciente, el oficial decidió acudir a la Justicia Civil con el patrocinio de los abogados Pablo Arrieta y Celeste Maidana.

La demanda por daños y perjuicios avanzó mientras la acusada intentaba defenderse mediante una denuncia penal por violencia de género contra el policía, la cual fue finalmente archivada por los investigadores al confirmarse que no había pruebas.

Condena

Esta semana, la jueza Ana Carolina Courtis, titular de la Sala Unipersonal N° 3 de la Cámara 1° en lo Civil, Comercial y de Minas, dictó una sentencia ejemplar que puso fin a la impunidad de los "escraches" virtuales. 

En su resolución, la magistrada subrayó que el entorno digital no está exento de responsabilidad legal y que el principio constitucional de "no dañar al otro" debe prevalecer por sobre el anonimato o el uso de perfiles falsos. La jueza fue tajante al considerar que se violó el derecho al honor, la imagen y la intimidad de la víctima.

Aunque el reclamo inicial de la demanda era de 4 millones de pesos, la actualización por intereses en el contexto económico actual elevó la cifra a una suma cercana a los 30 millones de pesos. 

Este monto busca reparar, al menos económicamente, los años en los que el policía vio truncada su proyección profesional y afectada su salud mental. 

Además del pago millonario, la condena incluye medidas de reparación simbólica y digital. La mujer está obligada a eliminar de forma inmediata todo el contenido difamatorio que publicó en sus cuentas personales y en los perfiles creados para tal fin. 

Asimismo, deberá publicar parte de la sentencia condenatoria en sus propias redes sociales para desmentir las acusaciones vertidas durante estos años, funcionando como una suerte de rectificación pública ante sus seguidores y contactos.

Para garantizar que la mujer cumpla con lo dispuesto por la magistrada, el fallo establece una multa diaria de 100.000 pesos por cada jornada de incumplimiento. 

"Las redes sociales no son tierra de nadie y escrachar sin pruebas tiene sus consecuencias legales", señaló la abogada Maidana tras conocerse el fallo. 

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