El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman designó abogado defensor en la causa que investiga el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cometido el 1 de septiembre pasado y en la cual se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso Nacional.

Milman designó a Manuel Barros, que supo ser abogado de Gendarmería y habría tenido participación como letrado en el caso Maldonado, según afirmó en su cuenta de Twitter Sergio Maldonado.

La decisión de Milman, que no está formalmente imputado en el expediente, sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fuentes judiciales explicaron que ahora el diputado nacional quedó bajo la figura de una "autoimputación".

"Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)", sostuvo Milman en la presentación.

De esta manera, el legislador podría pedir acceso al expediente en el que se lo investiga y en el marco del cual el próximo 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado.

Capuchetti se había negado a disponer esta medida pedida por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque Milman no está imputado en la causa.

Esta decisión fue apelada y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre pasado.

Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado, mientras que la Ley de Fueros establece que para avanzar en una medidas de estas características se le debería imputar al legislador la comisión de un delito.