La fiscalía que investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió el secuestro del teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Milman, con el objetivo de "verificar si existieron o no conversaciones alusivas" a lo que sostuvo la ex secretaria del legislador.

El pedido de apelación del fiscal Carlos Rivolo ante la jueza María Eugenia Capuchetti parte de una declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, ex secretaria de Milman, quien acusó a su ex jefe de poner a disposición un "perito" que se encargaría de borrar información del celular y así evitar filtrar información a los medios de comunicación.

"A partir de la declaración prestada por Bohdziewicz, existe en autos la sospecha de que el diputado nacional podría haber convocado a quienes fueran sus asesoras para eliminar información que, hasta el momento, no sabemos si podría ser de interés para esta u otra eventual investigación", ratificó el fiscal, haciendo referencia a Carolina Gómez Mónaco, asesora del mismo diputado, que tenía un segundo celular que no había entregado a la justicia.

Vale mencionar que la denuncia formal hacia el legislador de JxC parte del asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, quien el pasado 23 de septiembre escuchó al congresista opositor decir, previo al ataque fallido, que "cuando la maten" a Cristina Kirchner iba a estar "camino a la costa".

Para Rivolo, pese a que Milman "no ha sido formalmente imputado", considera "idónea" proceder al "secuestro del teléfono celular del nombrado", con el objetivo de "verificar si existieron o no conversaciones alusivas al hecho objeto de la presente investigación, conforme la hipótesis planteada por la querella".

El fiscal recordó las incautaciones de teléfonos celulares de las ex asesoras de Milman y de la cual "ha surgido información relevante para el caso", el investigador sostiene que "no hay razones para actuar de un modo diferente ante estos nuevos hechos traídos a estudio".

Vale destacar que desde la primera vez que las ex secretarias fueron convocadas como testigos, los abogados de la vicepresidenta reclamaron los secuestros de sus teléfonos celulares: aunque ellas negaron que el diputado hubiera pronunciado la frase que se le atribuyó, para la querella se trataba de una medida de prueba necesaria para buscar otros elementos que permitieran confirmar o descartar algún vínculo del dirigente señalado con el ataque.