El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, María Fernanda Raverta, anunciarán este miércoles el incremento a los jubilados y pensionados que regirá a partir del 1 de septiembre.

En rigor, se tratarán de dos medidas simultáneas: una es el aumento que surge de la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria, determinado por un índice que toma en cuenta en partes iguales la evolución de la recaudación de la Anses y de los salarios del sector privado. Se estima que significará una suba de algo más del 15% para los próximos tres meses.

Pero Massa también anunció que se entregará un bono extraordinario, que fue presentado como “un refuerzo que les ayude a superar el daño causado por la inflación”. Sobre este último no hay precisiones. Sólo se sabe que el ministro tuvo varias reuniones con Raverta y con el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para estudiar alternativas.

Para no restar esfuerzos al ordenamiento de las cuentas públicas que se propuso llevar adelante Massa, el ministro evalúa con la AFIP la implementación de un anticipo especial a cuenta del Impuesto a las Ganancias, que haría que las grandes empresas adelanten una parte del monto que deberían tributar recién el año que viene.

La ventaja es que por tratarse de un anticipo, puede ser reglamentado sin inconvenientes a través de una resolución de la AFIP, sin tener que pasar por el Congreso como sucedería si se implementara un nuevo impuesto. El titular del organismo de administración tributaria, Carlos Castagneto, ya está trabajando en la materia para definir las alícuotas y el universo de empresas que serían comprendidas por la medida.

El objetivo de la medida es conseguir a la mayor brevedad fondos por alrededor de $ 200 mil millones, que permitirían cubrir el efecto del incremento en jubilaciones y pensiones, como también en las otras prestaciones que paga la Anses y que van enganchadas a esas dos (PUAM, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, entre otras).

Aunque esa medida no está reglamentada, ya hay sectores que se oponen a ella. Así lo dejó entrever el presidente de la Unión Industrial Agentina, Daniel Funes de Rioja. “No compartimos esta decisión. Un anticipo de impuestos significa lisa y llanamente afectar el capital de trabajo de las empresas y con ello las posibilidades de inversión y de empleo, al establecer obligaciones adicionales de carácter tributario”, afirmó el dirigente fabril.

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