La Cámara Federal de Casación cuestionó la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de realizar el juicio por la denominada causa Cuadernos de manera íntegra en forma virtual con audiencias una vez por semana.

El máximo tribunal penal federal del país instó a los jueces del Tribunal a reconsiderar en primer término el calendario fijado para el juicio, que constaría de una audiencia semanal virtual los jueves.

 

Además, se objetó la decisión de realizar todas las audiencias a través de la plataforma Zoom, de manera virtual, un aspecto que fue cuestionado por uno de los empresarios acusados ante la sala I de la Cámara de Casación, integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos.

En su voto, el juez Barroetaveña consideró que, “más allá del acierto o error” de lo decidido por el tribunal, “la rigurosidad de los requisitos impuestos a las partes para que las audiencias puedan llevarse a cabo de manera presencial y semipresencial” limitaría a entender de Casación “el dinamismo inherente al debate oral y público”.

Causa Cuadernos: Casación pidió agilizar el juicio para lograr “una más pronta finalización”

También remarcó que “no sería ocioso” que el Tribunal revise la decisión de celebrar las audiencias todos los jueves hábiles desde el 6 de noviembre para lograr “una más pronta finalización del juicio” que tendrá más de 600 testigos y un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

El juicio por el caso cuadernos comenzará el 6 de noviembre ante los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal 7, quienes dispusieron ante la cantidad de acusados, abogados y querellantes que se realice de manera virtual por razones de organización.

El próximo 24 de septiembre se convocó a los abogados defensores, a la fiscal que actuará en el debate Fabiana León y querellas a una audiencia virtual para organizar el debate e intentar acotar el listado de testigos y prueba.

La causa Cuadernos investiga la cartelización de la obra pública durante el gobierno kirchnerista, en base a las declaraciones de arrepentidos. La Justicia entiende que funcionarios montaron entre 2003 y 2015 un sistema de “recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente”, del que participaron los empresarios pagando coimas.