El juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su ministro de Planificación Julio De Vido y otros once acusados de formar una presunta asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez, con la adjudicación de 52 obras públicas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 por 46.000 millones de pesos, comenzará el martes, se extenderá por casi un año y contará con la declaración de unos 160 testigos.

La novedad es que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó durante esta jornada los planteos de Lázaro Baez, que buscaba postergar el inicio del litigio.

A primera hora de la mañana de este lunes representantes de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, mantuvieron un encuentro con personal a cargo de la seguridad del edificio, en el interior del cual habrá apostados unos 70 policías federales.

La ex mandataria ingresará por el sector lateral próximo a Retiro y por donde sólo la separa a no más de diez metros de la sala de audiencias, la denominada "AMIA": se trata el espacio con mayor capacidad de todo el edificio, ya que tiene la posibilidad de albergar un total de 162 personas.

Desde el TOF 2 ya se avisó a la seguridad que todo el público debe estar sentado, y ello comprende el lugar, en la tribunal superior de la sala, para los periodistas de más de 70 medios de comunicación acreditados, tanto nacionales como internacionales.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes estaban reunidos durante la jornada de este lunes, serán los acusadores junto a las querellas del Poder Ejecutivo Nacional, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

La primer jornada y tal vez entre dos o tres más serán utilizadas para la lectura de la acusación y luego se dará la posibilidad de realizar planteos de las partes para más tarde pasar a las indagatorias, de las cuales podrán hacer uso o no.

Cuatro de los 13 acusados, De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner y Báez serán trasladados desde los penales en que se encuentran e ingresarán directamente a la sala junto a personal del Servicio Penitenciario Federal.

La senadora ingresará por el subsuelo donde ella sólo tendrá ese acceso permitido, en tanto que el resto de las partes y el público lo harán por un lugar distinto.

Además, se va a disponer de todo un vallado perimetral y se va a haber una fuerte presencia de personal de la Policía Federal, más allá de una garita de seguridad colocada especialmente para la ocasión.