Por Florencia Golender
@flopa01

El gobierno no quiere dejar la paz de diciembre librada al azar, de ahí la disyuntiva entre los miembros del gabinete sobre otorgar o no un bono de fin de año para los jubilados y beneficiarios de AUH, como sí fue confirmado para la administración pública nacional y empleados en relación de dependencia. Los que miran el Presupuesto se niegan, los que advierten un costo político muy alto, se posicionan para reconsiderarlo.

La misma inquietud tienen los gobiernos provinciales, que ya definieron (o aún no) un plus para sus estatales. También están haciendo cuentas contra reloj para acoplarse a la Rosada en caso de que defina el esperado extra para los sectores más vulnerables. Es que con la inminente llegada de los líderes mundiales al país a raíz del G20 y bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional ( FMI) sobre la calma social, el gobierno prioriza tener “la calle” bajo control y busca dar señales claras hacia afuera de que empieza a recuperar el nivel de aprobación que resultaría en su reelección en 2019.

En suspenso

El objetivo es un diciembre sin sobresaltos y en esa línea el gobierno de Mauricio Macri logró sellar el acuerdo con los gremios de la CGT sobre un bono de $5 mil para los trabajadores de empresas privadas (con algunas exclusiones) y desactivando la advertencia de un paro nacional que probablemente habría coincidido con la llegada de líderes del G20. Concretada la prioridad, una parte del oficialismo sabe que todo el esfuerzo de las últimas semanas puesto en esa negociación o en las mesas salariales, podría irse por la borda si no contiene al sector de los jubilados y pensionados que, aunque no tienen representación directa para hacer escuchar su descontento, cuentan con el apoyo general de la sociedad.

Así lo demostró la ciudadanía en diciembre último, cuando la protesta espontánea llegó a las puertas del Congreso, donde finalmente se aprobó la Reforma Jubilatoria que incluyó un cambio en el cálculo de la fórmula de movilidad. Un año después, esa modificación dio como resultado una pérdida de poder adquisitivo profundizada por la disparada inflacionaria.

Si el índice de precios de octubre arrojó esta semana un 39,5% acumulado en diez meses, la diferencia con las jubilaciones cuya suba será del 28,5% (con el ajuste de diciembre próximo) es ya de por lo menos 11 puntos porcentuales. Se estima que la inflación se acercará al 50% con las dos mediciones que faltan del año, por lo que la pérdida será mayor. A esa diferencia la antecede la quita por el factor empalme por el cambio de fórmula de reajuste entre septiembre de 2017 y marzo de 2018.

Los beneficiarios de asignaciones sociales, por su parte, también podrían convertirse en un obstáculo para que reine la paz en diciembre. Siendo que tienen mayor representación y organización en las calles para visibilizar su reclamo, el gobierno se adelantó y dispuso el pago de dos sumas fijas de $1.200, una ya se cobró en octubre y la otra es para fin de noviembre.

Igualmente, según trascendió, de dar un plus a los jubilados se extendería a este sector también. Es el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley el que ya se encuentra en plenas tratativas con los dirigentes de los Movimientos Sociales.

A nivel nacional

Neutralizado el paro de la CGT y anunciado el bono para privados y estatales nacionales, algunos medios y redes sociales así como también sectores de la oposición comenzaron a insistir esta semana sobre la misma posibilidad para los jubilados. En los pasillos de la Rosada empezó a plantearse, a su vez, la necesidad política de otorgar un extra pero esa intención encontró un freno inmediato cuando el sector del gabinete a cargo de los números hizo pública la negativa.

El vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra, negó el último miércoles el pago de un bono a jubilados y aseguró que serán compensados más adelante. “Por el esquema de actualización de haberes, el próximo ajuste va a tener en consideración los índices más altos de inflación”, explicó.

A principios de este mes se conocieron los valores de la evolución de los salarios y de la inflación de julio, agosto y septiembre que se toman como referencia para calcular los aumentos de marzo, abril y mayo del año siguiente con la nueva fórmula de movilidad. Esa cuenta sostiene que para marzo de 2019, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de la Seguridad Social, recibirán una mejora de 11,83%.

El alza de casi 12% no llegaría a ni a cubrir la pérdida frente a la inflación del 2018, además de la urgencia frente a una canasta básica que duplica a la jubilación mínima.

A nivel bonaerense

En una entrevista exclusiva con Crónica HD, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal respondió a la pregunta del conductor Santo Biasatti sobre este asunto: “Mandé a hacer las cuentas. Todavía el ministro de Economía de la provincia no me trajo el resultado. Pero, sin duda, está en mi vocación hacer todo lo que pueda para que la gente tenga un fin de año, que fue muy difícil, con el mayor acompañamiento posible. Lo hicimos con los que menos tienen reforzando las partidas sociales, lo vamos a hacer ahora con los gremios y, por supuesto, si podemos hacerlo, lo vamos a hacer ahora con los jubilados”, prometió. En el resto de las provincias, el bolsillo de los jubilados aún tiene un fin de año incierto aunque se estiman mejores posibilidades en aquellos distritos que ya confirmaron el bono para sus estatales. Por ejemplo, Santiago del Estero ($10 mil), Tierra del Fuego y La Pampa ($6 mil), Formosa ($5 mil), La Rioja y Misiones ($4 mil), San Luis ($3 mil), entre otros.

Empuje extra

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, solicitó por escrito al gobierno una suma de $5.160, a pagar en tres cuotas sucesivas de $1.720 en diciembre, enero y febrero. Pidió, además, que ese monto extra se incorpore al haber, de modo que sirva como base de cálculo para el incremento de marzo, fijado por la Ley de Movilidad.

En línea con Semino, la cúpula de la CGT se reunió con la misión del FMI que se encuentra visitando el país esta semana, y pidió atender la situación de los jubilados. En el ámbito parlamentario, el diputado nacional José Luis Ramón presentó un proyecto de ley junto a su par del Frente Renovador, Mirta Tundis, quien además preside la Comisión de Personas Mayores, para que el bono de $5.000 que recibirán los trabajadores en relación de dependencia y los de la administración pública nacional también sea para los jubilados.

Según su estimación, pagarle el bono a los jubilados y pensionados que cobran incluso hasta dos haberes mínimos, “representaría $21.499 millones (el 1,2% del fondo de garantía) por lo que lo consideramos posible presupuestariamente”, aseguró el diputado.

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