Por Luis Mendoza 
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En un intento por superar la derrota de la semana pasada por tarifas, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará el miércoles recuperar el centro de la agenda legislativa con el arranque del debate de su proyecto a favor de regularizar la tenencia de tierras para alrededor de 3.500.000 habitantes de barrios populares de todo el país.

Lo hará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y de Presupuesto, ante quienes expondrá la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La presentación se realizará en la Sala del Anexo "C", la más grande y confortable de la Cámara baja, y donde se discuten los proyectos más importantes y trascendentes para el oficialismo.

La iniciativa, presentada por los jefes de los bloques de Cambiemos, Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (PRO) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), apunta a facilitar la expropiación y urbanización de miles de barrios populares habitados por alrededor de 3.500.000 personas

El "Régimen de Integración Socio Urbana y Regularización Dominial" dispone la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, con el objetivo de otorgarles el título de propiedad a sus habitantes. "Estamos dando un paso clave en la principal política que tiene el gobierno que es la lucha contra la pobreza. La aplicación de esta ley conllevará el esfuerzo de Nación, provincias y municipios y esto se traducirá en más y mejor federalismo", expresó el diputado Negri.

Las comisiones son presididas por tres oficialistas, Pablo Tonelli (Asuntos Constitucionales), Daniel Lipovetzky (Legislación General) y Luciano Laspina (Presupuesto), y el opositor Felipe Solá (Vivienda).

Interés público

En su artículo primero, la norma declara "de interés público" el régimen de integración socio urbana de los asentamientos identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que fue creado el 1 de diciembre de 2015 por un decreto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el proyecto se aclaró que sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en ese registro. "La declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el RENABAP, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional", se puntualizó en el texto.

Además se estableció que será la Agencia de Administración de Bienes del Estado quien actuará como "Sujeto Expropiante", la cual "individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación".

Organizaciones sociales

Para distintas organizaciones sociales de buen diálogo con el gobierno y en particular con la ministra Stanley, actualmente el 93,81% de los habitantes de barrios populares no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% carece de cloacas; el 70,69% no tiene energía eléctrica, mientras que el 98,49% no cuenta con acceso a la red de gas natural.

En el oficialismo descuentan el respaldo, en general, de las bancadas del Frente para la Victoria, del justicialismo de los gobernadores, del Frente Renovador y de las expresiones legislativas del progresismo.