Un conjunto de diputados y diputadas de diversas fuerzas políticas oficializó una impugnación contra el formato de la audiencia pública destinada a debatir cambios en la Ley de Glaciares (N.º 26.639). 

La presentación judicial y administrativa cuestiona la legitimidad del proceso que se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación, al considerar que la metodología aplicada anula el debate democrático.

La acción fue encabezada por los legisladores Adriana Serquis, Sabrina Selva, Maximiliano Ferraro, Mariela Zíngaro, Pablo Juliano, Gabriela Estévez, Juan Fernando Brügge, Abelardo Martín, Lucía Cámpora y Pablo Farías. Los firmantes detectaron anomalías graves en la organización, centrando sus críticas en la restricción arbitraria de los oradores.

Según los datos presentados, de una nómina que supera los 100.000 ciudadanos anotados para participar, se autorizó la intervención de menos del 1%. La ausencia de parámetros claros para elegir a los expositores fundamenta el reclamo de los bloques.

"Una simulación de instancia participativa"

La diputada rionegrina de Unión por la Patria (UxP), Adriana Serquis, fue tajante respecto al trasfondo del reclamo: "Lo que está en discusión es el derecho de la sociedad a participar en un tema estratégico como la protección de nuestros glaciares. No puede haber una audiencia pública que excluya a la gran mayoría".

Para los impugnantes, el esquema actual representa una maniobra que aparenta apertura pero que, en la práctica, constituye una simulación.

Sostuvieron que el actual diseño de la audiencia no ofrece garantías para una intervención ciudadana verdadera en un asunto de máxima relevancia pública.

El marco legal en riesgo

El documento presentado detalla que la organización de este encuentro infringe múltiples niveles de la legalidad vigente. Entre ellos, mencionaron:

• El Reglamento interno de la Cámara de Diputados.

• La Ley General del Ambiente (N.º 25.675).

• El Acuerdo de Escazú (Ley N.º 27.566), compromiso internacional que obliga al Estado a garantizar el acceso a la información y la participación en temas ambientales.

La impugnación exige una reestructuración inmediata de la modalidad del encuentro para asegurar condiciones de transparencia y equidad. 

El objetivo final es que se habilite una vía efectiva para que la sociedad civil sea escuchada antes de avanzar con cualquier modificación en la protección de las reservas de agua dulce del país.