El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del Hospital Garrahan, donde se había convocado este jueves a un paro de 24 horas de médicos residentes.

En la resolución, a la que tuvo acceso Crónica, la cartera Capital Humano que conduce Sandra Pettovello dio por iniciado "un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días".

El Gobierno dispuso así "dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio".

En los últimos días, escaló ante la puesta en marcha del sistema de control biométrico de presentismo. Desde el Gobierno aseguran que no se trata de un conflicto gremial, sino de una resistencia política al ordenamiento institucional. “No quieren rendir cuentas”, expresaron desde la gestión, al apuntar contra sectores que rechazan la nueva modalidad.

El sistema, que se implementa desde el 1° de junio, busca “cortar con décadas de privilegios y reorganizar los recursos del hospital en función del paciente, no de la burocracia”, indicaron fuentes gubernamentales. La medida generó tensiones internas, pero desde el Ejecutivo insisten en que la protesta no responde a una cuestión laboral, sino a un intento de frenar los controles que garantizan eficiencia y transparencia.

Según datos oficiales, el Garrahan no está desfinanciado. El presupuesto para 2025 asciende a 228 millones de dólares, y supera en unos 60 millones al promedio de efectores privados de similar complejidad en la Ciudad de Buenos Aires. La crítica se enfoca, más bien, en cómo se utilizaron históricamente esos recursos. “Durante años, la plata fue a la administración, no a la atención”, subrayan.

Uno de los puntos más polémicos es el peso de la estructura administrativa. Actualmente, el hospital cuenta con 953 empleados administrativos frente a 547 médicos. Además, el 57,4% del presupuesto salarial se destina a la planta administrativa, mientras que los médicos reciben el 42,6%. Para la gestión, esto refleja una lógica invertida que prioriza la burocracia por sobre la vocación médica.

Entre 2014 y 2024, los cargos jerárquicos aumentaron un 59%, y la planta general creció un 20% durante la gestión anterior, sin un correlato en el presupuesto. Esa expansión, afirman, no respondió a necesidades sanitarias sino a favores políticos. En ese marco, descartan las versiones sobre un éxodo masivo o un colapso institucional: “No hay crisis sanitaria, hay relato”.

La reestructuración también busca corregir este desequilibrio y redirigir el gasto hacia funciones esenciales como la atención, la formación y la calidad médica. “La salud exige orden y responsabilidad”, remarcan. En este sentido, apuntaron también contra la Provincia de Buenos Aires, a la que acusan de arrastrar deudas millonarias con hospitales nacionales de cogestión, como El Cruce. “Cada jurisdicción debe asumir su parte”, enfatizaron.

Finalmente, la gestión nacional insiste en que la prioridad es terminar con el desvío de fondos y garantizar que cada peso invertido en salud llegue al paciente. “Los recursos están. Lo que hay que cambiar es cómo se usan”, sostienen.