El Gobierno recibió este lunes en la Casa Rosada a los diputados de Hacemos Coalición Federal, liderados por Miguel Ángel Pichetto, y de la Unión Cívica Radical (UCR) para terminar de acordar algunos puntos de la Ley Bases antes de enviar en las próximas horas el borrador al resto de a oposición.

Tras los encuentros se resolvió que el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para solteros será de 1,800,000 de pesos, mientras que para los casados con dos hijos, será de $2,200,000.

Esa era una condición que plantearon algunos gobernadores y bloques para apoyar la ley de Bases, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (quien también participó de la reunión de esta tarde en la Casa Rosada) anunció que este debate se tratará "en otra etapa".

Como esta semana estará dedicada a la conformación de 18 comisiones con sus respectivas autoridades y miembros, el tratamiento propiamente dicho de la ley ómnibus comenzará la semana que viene y la idea es desembocar en el recinto de diputados antes del final del mes.

El Gobierno no debería a tener ningún problema en poder aprobarla. Ya tiene la base de los 144 votos en general del primer intento, pero con la nueva redacción más pulida va a poder además atar voluntades para la votación en particular.

• Se acota la delegación de facultades a apenas cuatro: energética, administrativa, financiera y económica. Queda afuera la de seguridad y la tarifaria.
• El plan de privatizaciones se restringe a solamente 12 empresas, en un esquema segmentado: las empresas sujetas a privatización total son solo tres (Aerolíneas Argentinas, Enarsa y RTA), mientras que para seis empresas se propone la modalidad de la concesión privada, y en las restantes tres (Banco Nación, Arsat y Nuceloeléctrica) se pone en venta una parte del capital accionario, pero el Estado conserva la mayoría societaria.
• Se mantiene el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y las facultades para el Poder Ejecutivo de disponer, disolver, fusionar o unificar fondos fiduciarios.
• Se incluye la reforma laboral frenada judicialmente para alargar los plazos de las pasantías laborales (de tres a ocho meses), reducir costos de indemnizaciones y sancionar las asambleas en ámbitos laborales.
• El paquete fiscal se trataría aparte, e incluye cambios en Bienes Personales y un blanqueo de capitales.