El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este sábado a favor de los tres jueces federales trasladados, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, para que continúen en sus cargos de los tribunales de Comodoro Py.

Lo hizo al presentar dos dictámenes ante el máximo tribunal, que ya está en condiciones de resolver si avala los traslados de los magistrados o si los deja sin efecto, como hizo el gobierno nacional tras la decisión del Senado de no avalarlos. Cabe puntualizar que la opinión del Procurador no es vinculante para los jueces de la Corte.

Casal señaló que los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron revisados por el Consejo de la Magistratura de la Nación con una nueva reglamentación que debía aplicarse a futuro y no para analizar las decisiones que ya se habían tomado.

Los tres jueces fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri: Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal -instancia por donde pasan todas las causas de corrupción- y Castelli al Tribunal Oral Federal 7, donde luego quedó radicada la causa de los cuadernos de la corrupción en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El dictamen

"El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro", sostuvo el procurador en uno de los dictámenes que difundió el Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, el jefe de los fiscales consideró que "es imposible conciliar tal propósito con una práctica de los órganos encargados de la selección y nombramiento de los jueces como la que se cuestiona en esta causa".

"Si los primeros pudieran revisar en cualquier tiempo sus propios actos sobre cuya base los jueces ocupan sus cargos, indudablemente se los colocaría en esa situación de dependencia y precariedad incompatible con el principio de independencia", argumentó.



Casal fundamentó el sentido de su dictamen asegurando que "se trata de hacer realidad en la historia los largamente declamados objetivos que persiguió nuestra Ley Fundamental al incorporar a nuestro sistema el Consejo de la Magistratura: amortiguar la gravitación político partidaria en los procesos de designación y enjuiciamiento de jueces para afianzar y vigorizar la independencia"

Para Casal, los jueces fueron traslados "en la inteligencia de que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el Reglamento de Traslado de Jueces entonces vigente".

En ese sentido, el procurador interino indicó que el Consejo de la Magistratura " violó el principio de legalidad, debido a que, de esta manera, desconoció sus propios actos dictados de conformidad con sus propias normas, con grave afectación a la inamovilidad de los jueces en los cargos que estaban desempeñando".

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