El fin del receso estival marca el inicio de una etapa definitoria en los tribunales federales de Retiro. Con el cierre de la feria judicial este 31 de enero, el juez Sebastián Casanello se apresta a resolver la situación procesal de los 19 imputados en la causa que investiga una presunta red de coimas y desvíos de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). 

El expediente, que cuenta con una profusa instrucción por parte del fiscal Franco Picardi, tiene como figura central a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y antiguo abogado del actual presidente, Javier Milei. 

La investigación logró recolectar evidencia que trasciende los polémicos audios donde se mencionaba el desvío de un "tres por ciento" hacia esferas gubernamentales. 

Según trascendió, Casanello aprovechó el receso para analizar las indagatorias y los descargos escritos de ex funcionarios que buscan distanciarse de la gestión de Spagnuolo. Entre los testimonios principales figura el de Daniel María Garbellini, ex director nacional de Acceso a Servicios de Salud, quien contradijo la versión de Spagnuolo al afirmar que fue reclutado directamente por él y que éste ejercía un control absoluto sobre todas las áreas clave de la agencia, desde Recursos Humanos hasta Modernización. 

A esto se suma que el empresario Luis Cella denunció la existencia de un "círculo cerrado" de droguerías que manipulaban los precios de medicamentos de alto costo a través de compulsas simuladas. La fiscalía sospecha que droguerías de primera línea habrían tenido injerencia directa en la toma de decisiones dentro de Andis. 

La prueba documental incluye correos electrónicos donde se le advertía a Spagnuolo sobre estas irregularidades. Otro empresario, Miguel Ángel Calvete, es señalado como el presunto lobbista que oficiaba de nexo entre el Estado y las droguerías beneficiadas. 

Las pruebas acumuladas por Picardi sugieren un vínculo de extrema confianza entre Calvete y Spagnuolo, que incluiría desde la entrega de dinero en efectivo hasta el equipamiento de oficinas. Mientras la Cámara Federal sigue de cerca el origen de las grabaciones, la fiscalía sostiene que los audios permitieron hallar pruebas independientes que corroboran el esquema de corrupción.