El presidente Javier Milei prorrogó el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, convocado el 22 de diciembre y, con esta decisión, lo extiende hasta el 15 de febrero. De esta manera, el Gobierno busca ganar tiempo, ampliar las posibilidades para el debate y la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.

El decreto que dispone la ampliación de las extraordinarias fue difundido en la noche del viernes por fuentes de la Jefatura de Gabinete y la Cámara de Diputados.

La decisión del Gobierno se da en momentos en que el oficialismo de la Cámara de Diputados aceleraba los contactos informales con los legisladores de los bloques considerados dialoguistas para terminar de pulir algunos aspectos de la ley "Bases", con el objetivo de emitir dictamen del proyecto entre lunes y martes de la semana próxima y llevar la iniciativa al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT.

En cuanto a las conversaciones en Diputados, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, tras reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y con el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en consensos que permitirían convocar a un plenario de comisiones entre el lunes y martes de la semana próxima.

El consenso al que se llegó está basado en la posibilidad de modificar los aspectos vinculados al tema de movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Parlamento.

Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al kirchnerismo.

El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (lo que suma dos en total), y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.

En otro punto el texto dice que se fija en 0% las retenciones para economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15%, y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), "deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones".

Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical también pide dejar al margen al Banco Nación y Arsat.

En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

En relación a la cuestión previsional, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó en declaraciones públicas que están en estudio "dos o tres alternativas" para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está sería una" de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a 'generar la actualización por algún índice'", como por caso por inflación.