La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil manifestó este lunes su rechazo "total y absoluto" al "traspaso" de la Justicia Nacional a dependencias de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en el que se encuentra incluido en el proyecto de "Ley Ómnibus" planteado por el presidente Javier Milei y está siendo debatido en comisiones.

Por medio de un comunicado, el organismo manifestó su "profunda preocupación" por el proyecto incluido en el artículo 439 del "Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el cual "se encuentra actualmente a estudio del Congreso de la Nación".

Dicho rechazo, firmado por 24 de los miembros de la Cámara Civil, fue justificado en virtud del considerado "traspaso" de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el cual "colisiona con elementales principios constitucionales".

Además, consideraron que "lesiona el principio de inamovilidad de los magistrados, y desconoce que la Ciudad de Buenos Aires -más allá de su carácter autónomo- es también la capital de la República, y que por ese hecho, la subsistencia de la Justicia Nacional hace a la garantía de los intereses del Estado Nacional -y de las provincias que componen la Nación-, salvaguardada expresamente por el artículo 129 de la Constitución Nacional".

"Los tribunales nacionales vienen ejercitando, desde hace muchos años, una jurisdicción que exorbita con mucho el ámbito territorial de la Ciudad y abarca a habitantes de todas las provincias de la Nación que vienen a litigar ante sus estrados, no sólo en razón del domicilio de alguna de las partes (bancos, aseguradoras, asociaciones, etc.) sino –incluso- por haberse pactado la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales nacionales", agregaron en el comunicado.

A modo de ejemplo, manifestaron que la Justicia Nacional en lo Civil interviene en "causas de accidentes de tránsito que suceden en los más diversos rincones de la República –puesto que las compañías de seguro suelen tener su asiento principal en la Capital de la Nación-, accidentes de transporte interjurisdiccional —como la denominada ‘Tragedia de Once´—, y casos de responsabilidad derivados de daños al consumidor".

 

Además, detallaron que el juzgado intervino en casos como la "responsabilidad de los medios de prensa de alcance nacional (prácticamente todos ellos domiciliados en la Ciudad), responsabilidad de los intermediarios en Internet (se recuerdan, solo a título de ejemplo, los casos ‘Belén Rodríguez’, ‘Gimbutas’, ‘Paquez’ y ‘Denegri’, todos ellos originados en la Justicia Nacional en lo Civil y resueltos en última instancia por la CSJN".

Y agregaron que participa en "controversias contractuales relativas a fideicomisos, clubes de campo, barrios privados, locaciones de obra, locaciones de servicios, locaciones de cosas, o mutuos hipotecarios –entre otras-, cuya ejecución tiene lugar en diversas provincias".

 

La Cámara Civil, sobre el "traspaso" a CABA: "Habrá un notable retroceso del federalismo"

 

"El hecho de que sus decisiones se proyecten en todo el territorio de la República, y tengan un efecto muy concreto para los habitantes de las diversas provincias que la componen, justifica ampliamente que los magistrados que los integran sigan perteneciendo a la Justicia Nacional, sean nombrados con la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional, y con acuerdo del Senado", consideró la Cámara Civil.

Con el traspaso a las dependencias de la CABA, el juzgado consideró que "se consagraría en la práctica un notable retroceso del federalismo, pues las Provincias –y sus habitantes- se verían afectadas en aspectos esenciales de su actividad económica y social por decisiones de jueces en cuya designación y contralor no habrían tenido ninguna participación".

Además, con la medida planteada en la "Ley Ómnibus" se "podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, por violación de las referidas garantías inherentes a la función judicial, imprescindibles en cualquier estado democrático".

Cabe recordar que el contenido del comunicado será puesto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales, y Legislación General, la Cámara de Diputados, el Senado, y el Ministerio de Justicia.