La reunión mantenida a comienzos de esta semana por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, dejó sobre la mesa un tema en análisis: la suspensión de la actual Ley de Alquileres. El Gobierno comenzó a evaluar el final de esta iniciativa y cuáles son las alternativas para reemplazarla.

Desde el Palacio de Hacienda decidieron a avanzar en la suspensión de esta norma, que entró en vigencia en julio de 2020 y fijó nuevas reglas en el sector, entre ellas los tres años de contrato y una sola actualización anual del valor mensual del alquiler, la cual se define según un índice que combina la evolución de los salarios y el dato inflacionario.

En caso de concretarse el final de la iniciativa, surge una incógnita: ¿qué ocurrirá con los contratos ya firmados entre propietarios e inquilinos? "Ese acuerdo entre las partes no se modificaría para nada. Se mantiene igual hasta su fecha de finalización", aclaró Marta Liotto, titular del Consejo Profesional Inmobiliario, al ser consultada por cronica.com.ar.

La dirigente empresarial celebró que "el Gobierno tenga en agenda la gran problemática" de la Ley de Alquileres. Una norma que, según su opinión, "no benefició a nadie". "Ahora nos interesa saber hacia dónde apuntarán una vez que se suspenda esta ley. Estamos ansiosos por conocer dónde estamos parados", expresó.

La noticia sobre la posible suspensión de la iniciativa trascendió en un momento donde el mercado de alquileres presenta escasa oferta,  demanda constante y precios muy altos para los inquilinos. "La oferta se encuentra en mínimos históricos y continúa cayendo", advirtió Liotto.  Y lanzó un alerta en ese sentido: "La triste estimación que hacemos es que, de no mediar ningún cambio normativo, en muy pocos meses podríamos ver un mercado sin unidades en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires".

Desde su entrada en vigencia, la iniciativa cosechó fuertes cuestionamientos del sector inmobiliario, los propietarios y los inquilinos. Las principales críticas se centraron  en la ampliación del plazo de los contratos que se extendió de dos a tres años, y en la actualización anual en base a un índice establecido por el Banco Central.

Además, el costo del alquiler subió un 245% en el país desde que sancionó esa norma. Un contrato que en julio de 2020 se cerraba por un valor de $20.000, hoy se transformó en uno de $69.000. Según los últimos relevamientos privados, el índice de alquileres lleva un total de 32 meses consecutivos de crecimiento.

"La ley de Alquileres no le mejoró la vida a nadie. Al contrario, se la perjudicó. Sólo trajo mucha incertidumbre", aseguró Liotto.

De ahí, entonces, la decisión del Ejecutivo de analizar la suspensión de la iniciativa y evaluar nuevas alternativas para reemplazarla.