El gobierno quería que la Ley Ómnibus de 664 artículos fuese aprobada por el Congreso antes de fin de mes, pero los tiempos no dan, y ahora apunta a que antes de que termine enero la iniciativa tenga media sanción en Diputados, donde está siendo debatida.

Javier Milei convocó a los legisladores a sesiones extraordinarias que tienen una fecha de vencimiento el 31 de enero, pero es materialmente imposible que ambas cámaras debatan, traten y aprueben la ley en tan poco tiempo. Por eso, comenzó a especularse con la posibilidad de que las sesiones extraordinarias puedan extenderse y pisar el mes de febrero.

Si se analizan los tiempos, en el mejor de los casos podría ser debatida la ley en el recinto de Diputados el 25 de este mes (se hablaba también el 24, pero ese día hay un paro convocado por la CGT).

Actualmente, la norma está siendo debatida, en medio de acaloradas discusiones entre representantes de Unión por la Patria y funcionarios del Ejecutivo, a nivel de comisiones.

Milei, que viajará a Suiza para participar del Foro de Davos, dijo en declaraciones recientes que el oficialismo tiene el número de legisladores para que la Ley Ómnibus tenga luz verde parlamentaria. Es cierto también que para que eso ocurra deben terminar de negociarse algunos puntos claves.

El primero es que los legisladores no le darán al Presidente, tal como pretende, una delegación de facultades por dos años, extensible a otros dos. Se especula en este sentido que las facultades delegadas tendrán una duración de un año, al menos eso es lo que quieren votar los bloques mayoritarios, a los que La Libertad Avanza necesita para que la norma sea aprobada.

Otros puntos a acordar, que fueron tratados en la reunión del viernes entre gobernadores de Juntos por el Cambio con los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo, tiene que ver con cambios en algunos aspectos de la ley que afectan las economías regionales.

El Ejecutivo incluyó un incremento de impuestos que afectan al sector agropecuario, que está en revisión, además de los retoques que ya pidió la oposición en torno a los aspectos de la norma vinculados a la Ley de Pesca y a los biocombustibles.

En el capítulo de empresas públicas, el gobierno quiere privatizar 41 compañías, y la oposición está dispuesta a debatirlo, pero no quiere avanzar ni con la privatización de YPF ni con la del Banco Nación.

La postura de la oposición es darle el visto bueno al Ejecutivo en lo relacionado con la desregulación de la economía, pero con las salvedades ya expresadas.