La ley de Alquileres entró en vigencia hace dos años, pero a los pocos meses sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a reclamar cambios. Esa fue una de las promesas de campaña de la oposición ante las últimas elecciones legislativas. A fines del año pasado, el Gobierno también reconoció la necesidad de modificaciones.

La norma, sancionada en 2020, establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la variación salarial publicada por el RIPTE del Ministerio de Trabajo, que establece la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El plazo y la actualización de los contratos de alquiler, en un contexto de alza sostenida de precios, son los principales cuestionamientos que se le realizaron a la ley. Desde el sector inmobiliario habían pedido inicialmente cambios parciales, pero incluso en el último tiempo se sumaron voces a favor de una derogación.

Luego de varias semanas, este miércoles se retomó el debate sobre la reforma de la ley de Alquileres en la Cámara de Diputados. En la reunión de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que encabezan Cecilia Moreau y Carlos Heller -respectivamente-, la oposición logró un dictamen de minoría para un proyecto de modificación

Los diputados en esa iniciativa proponen que los plazos de los contratos sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.

Por su parte, en la misma reunión de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, el Frente de Todos logró un dictamente de mayoría que postula mantener el espíritu de la actual norma, pero sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas.

El despacho del oficialismo obtuvo 40 firmas de legisladores, mientras que el de la minoría -impulsado por Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas- recibió el respaldo de 39 diputados, informó Télam.

Cecilia Moreau, del Frente de Todos, es la presidenta de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados (Foto Télam).

Sobre el dictamen logrado por el Frente de Todos

A lo largo del debate, desde el oficialismo se insistió en que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos sino en sumar incentivos para mejorar la oferta de alquileres.

El proyecto del Frente de Todos, además, impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen algun inmueble en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.

También propone la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otras cuestiones.

Sobre el dictamen logrado por la oposición

Desde la oposición, dijeron que su propuesta apunta a eliminar una fuerte regulación que, a su entender, generó que se hayan retirado del mercado propiedades en alquiler, si bien todos coincidieron en que el principal problema es el aumento de la inflación.

El dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS), elaborados por el INDEC, o una combinación de esos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año.

Los bloques opositores, en el proyecto, también proponen como los oficialistas beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones.

Por último, impulsan que no se pague la ley del Cheque en caja de ahorro o en cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación.