El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibirá este lunes a autoridades de varias provincias para elevar los reclamos de sus gobernadores por las consecuencias en las economías regionales que representa el DNU 70/2023 y la denominada Ley Ómnibus. La semana pasada, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, acudió al funcionario por las consecuencias en el sector pesquero.

Se trata de los ministros de Producción, Energía, Obras Públicas e Infraestructura de diversas provincias los que viajarán este lunes a Buenos Aires para llevar los reclamos de sus distritos ante el ministro del Interior, Guillermo Francos. El encuentro se realizaría a las 11 de la mañana.

El ministro Guillermo Francos recibirá a funcionarios de las provincias por la Ley Omnibus y el DNU 70/2023.

Cabe detallar que Francos, junto al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, se reunirá con autoridades de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, para analizar el porcentaje de corte en el biodiesel. Además, participarán del cónclave representantes de Tucumán y Jujuy.

De esta manera, y como viene haciendo en las últimas semanas, Francos será el interlocutor del Gobierno nacional ante las provincias y sus observaciones, principalmente en lo que respecta al proyecto de “ley ómnibus” y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei.

En este marco, a través de sus ministros, los gobernadores de varios territorios le plantearán a la administración nacional la necesidad de reimpulsar las economías regionales y dar marcha atrás en los cambios que las perjudican.

Y en ese esquema, promoverán frenar modificaciones en lo que respecta a sectores como el azucarero, donde la apertura indiscriminada de importaciones y la desregulación del sector podrían significar un golpe muy fuerte.

Santa Fe, puntualmente, dará a conocer sus reparos respecto a los cambios en la producción de biocombustibles. Y según trascendió, el ministro de esa provincia llevará a la reunión planteos para contemplar como economía regional a la industria del maíz pisingallo y quitarle las retenciones que aplicaría el DNU.

Como se mencionó, los gobernadores del PRO, la UCR y el PJ lograron que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás con uno de los apartados de la Ley Ómnibus, al advertir como un "tiro en el pie" y una "preocupación" las modificaciones a la actividad económica pesquera, minera, azucarera y vitivinícola.

Cabe remarcar que el mandatario de Chubut se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior luego de describir como "un tiro en el pie" los cambios que ese proyecto de ley imponía al Régimen Federal de Pesca.

Tras esa cumbre, se confirmó que habrá "clarificaciones" sobre algunos artículos, en lo que se configura como la primera marcha atrás del Gobierno antes del tratamiento de esa ley en el Congreso.

"Estamos de acuerdo que hay que sentarse en una mesa para analizar todos los aspectos de la ley y proponer las reformas que sigan para tener un proceso de pesca más claro", expresó Francos tras el encuentro con Torres y con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien también había rechazado los cambios.

Este planteo de Torres había sido acompañado con un comunicado conjunto de todos los gobernadores patagónicos: los peronistas Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa); y los provinciales Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Y otra de las críticas contra el DNU y la Ley Ómnibus fue del mandatario peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recalcó que la eliminación de la Ley 25.715, la cual establece determinados aranceles para la importación de azúcar, "lesiona gravemente a la actividad azucarera".

Tras este cuestionamiento, al que también adhirió el Centro Azucarero Argentino (CAA), Jaldo fue recibido en Casa de Gobierno por Francos, a quien le acercó "la problemática" de su provincia.

Por su parte, también criticó una parte de la ley ómnibus el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien calificó como "desfavorable" la imposición del 8% de retenciones a las exportaciones de mercaderías del sector vitivinícola.

Esa postura que derivó la semana última en una reunión entre funcionarios mendocinos y sanjuaninos, representantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella.

Finalmente, otro de los cuestionamientos al Ejecutivo fue realizado por los gobiernos peronistas de Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja), quienes apuntaron contra la privatización de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y contra la derogación de dos leyes claves sobre actividad minera.