En una diligencia presentada por los diputados porteños de la Coalición Cívia (CC) se plantea un proyecto de ley para exigir que se dé pleno cumplimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires exigiendo la transferencia de Nación a CABA de la Inspección General de Justicia (IGJ), Puerto y la Terminal de Retiro. En tanto, el reclamo se basa en la reforma del 94, un fallo de la Corte del 2017 y la Ley Cafiero (Ley 24.588).

De esta manera, en el texto elevado al Poder Ejecutivo Nacional, por los legisladores Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago, se hace mención a la reforma constitucional de 1994 y al fallo de la Corte Suprema de Justicia 2084/2017 por el que el máximo tribunal de justicia reafirma la competencia y jurisprudencia de CABA con las provincias en el marco del federalismo argentino.

Además, plantearon en el proyecto: “Para materializar dicha autonomía, resulta imprescindible la transferencia progresiva de funciones, facultades y bienes que actualmente son administrados por el Estado Nacional, pero cuyo ámbito de actuación se circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En paralelo, según pudo saber cronica.com.ar, esta situación se da debido a que “tres meses antes del cambio de Gobierno, el Presidente Fernández firmó el Decreto 299/2023 por el cual se extendió el plazo de vencimiento de los contratos de concesión que benefician a las dos terminales del Puerto de Buenos Aires. Dichas terminales, APM Terminals (“T4”) y Terminales Rio de la Plata (“TRP”) obtuvieron una vez más la extensión de las concesiones que tienen desde el año 1993 sin que el Pliego de las licitaciones públicas y los Contratos de Concesión consecuencia de ellos lo previeran”. 

Según indicó la citada fuente: “Una vez más, por tercera vez, éstas dos empresas reciben idéntico beneficio sin comprometer ninguna contraprestación, manteniendo decadente  infraestructura del Puerto que ha afectado no solamente al mismo sino también a todo el sector del comercio exterior, que lo considera un puerto pequeño, caro e ineficiente”.

En tanto, enumeró tres aspectos: "En ésta oportunidad, ante el inminente cambio de Gobierno, aprovecharon para cometer otros actos contrarios a la ley, a saber:

De estas líneas, además se desprende que: “La autonomía de la Ciudad implica que debe contar con facultades y recursos para gestionar los asuntos locales de manera eficiente y adecuada a las necesidades de sus habitantes”.

Según quienes rubrican la solicitud, se trata de “un principio fundamental para garantizar que la Ciudad pueda responder de manera eficaz a los desafíos propios de una metrópolis que concentra una parte significativa de la actividad económica, política y social del país”.

Así mismo, explicaron que “la transferencia también contribuye a reducir la duplicidad de funciones entre los niveles nacional y local, lo que genera una optimización en el uso de los recursos públicos y una mejora en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía”.

En tanto, con respecto a la IGJ porteña, mencionaron al fallo de la Corte Suprema, la reforma constitucional del 94 y a la Ley 24.588 (conocida como Ley Cafiero) como el “respaldo” de esta transferencia. 

En tanto, agregaron: “Estos antecedentes jurídicos no solo respaldan la iniciativa, sino que también refuerzan el compromiso de las instituciones nacionales con el cumplimiento de los principios constitucionales de federalismo y autonomía”.

En referencia al Puerto de la Ciudad, manifestaron que “es una infraestructura estratégica que influye en la planificación urbana, el comercio y el transporte local”. 

Mientras que: “La transferencia permitirá integrar su administración a las políticas de desarrollo de la Ciudad, garantizando su sostenibilidad y alineación con las necesidades de sus habitantes”.

Respecto a la Terminal de Retiro, en el proyecto sostuvieron que “su gestión por parte de la Ciudad garantizará una coordinación más eficiente con el sistema de transporte metropolitano y una mejora en la calidad del servicio”, y agregaron que “permitirá realizar inversiones estratégicas para modernizar la infraestructura y mejorar las condiciones de trabajo de los operadores, así como la experiencia de los pasajeros”.

Además, nombraron al Registro de la Propiedad Inmueble y cuestionaron que hoy en día “dificulta la adecuación de los procedimientos a las necesidades específicas de la Ciudad”. 

Y en esta línea, plantearon que su transferencia “permitirá un acceso más ágil y cercano a los servicios registrales, fortalecerá la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y consolidará la autonomía de la Ciudad en línea con el espíritu federal del país”.

Por último, remarcaron: “Este proyecto de ley busca seguir consolidando la plena autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiéndole ejercer el control y la administración de áreas clave como la Inspección General de Justicia, el Puerto, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Terminal de Ómnibus Retiro, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la de la Ciudad”.