En el marco de la causa que se investiga como "Hotesur - Los Sauces", la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes las apelaciones que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, presentó para impedir la realización del juicio por presunto lavado de dinero con negocios hoteleros, debido a que según se sostuvo en el fallo, la sentencia aún no es definitiva, de manera que no hay motivos para que pase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Que la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”, resolvieron los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo en su fallo.

De todas formas, las defensas puede acudir directamente a la Corte Suprema a través de otra apelación que es el recurso de queja.

"No se corresponde hacer lugar a la excepción de la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia, por cuanto en atención al carácter restrictivo de su admisión, para que prospere la impugnación", agregaron los magistados, y concluyeron que "la parte recurrente ha basado sus impugnaciones en la reedición de planteos que han tenido adecuada respuesta".

A mediados de septiembre, Casación revocó los sobreseimientos de Cristina Kirchner y de una treintena de imputados en el caso y dispuso que se haga el juicio oral. Cabe destacar que la única excepción fue la de Florencia Kirchner a quien el tribunal le confirmó el sobresemiento. 

En las dos causas se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Uno de los acusados es el diputado nacional Máximo Kirchner.

Por su parte, Carlos Beraldi, abogado de la vice, argumentó su pedido de nulidad en que los camaristas no tuvieron en cuenta el voto de la exjueza Ana María Figueroa, y que con solo dos jueces la Sala estuvo mal conformada.

Además, el abogado indicó que la decisión del tribunal contó con una “dilación injustificada” que “ocasiona severos perjuicios al legítimo ejercicio de los derechos de nuestros defendidos”. El retraso al que se refiere fue en realidad causado por la demora con que Figueroa entregó su voto, sobre el filo de su cumpleaños 75. También que la Cámara de Casación no hizo una evaluación correcta de la prueba por la cuál los tribunales orales dictaron los sobreseimientos.

Pero Casación los rechazó porque ninguno de los requisitos para llegar al máximo tribunal se dan en este caso. El primero que sea una sentencia definitiva -el expediente sigue abierto- y el segundo que haya existido arbitrariedad en la resolución.

En ese marco, los imputados podrán ir en queja hasta la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, por más que se conforme el Tribunal que deberá realizar el juicio, el mismo no podrá iniciar hasta tanto haya un pronunciamiento por parte del máximo tribunal.

Las defensas tienen ahora un plazo de cinco días para ir directamente a la Corte Suprema de Justicia. Es a través de un recurso de queja.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le había sido otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas.

A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.

Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces.

Lo mismo que Casación resolvió para ese expediente lo hizo por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y Casación rechazó que el caso llegue a la Corte Suprema, al mismo tiempo que se sorteaban los jueces para integrar el Tribunal Oral Federal 8.