En la movilización que realizó la Asociación Bancaria en las puertas de la Legislatura bonaerense, el secretario general, Sergio Palazzo, confirmó que el paro en el Banco Provincia continuará también este miércoles, y que el jueves se realizarán asambleas en todos los bancos en las últimas dos horas de trabajo para definir las medidas a adoptar.

La norma, que fue aprobada primero en Diputados y luego sancionada por el Senado, establece que "tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad".

La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará gradualmente con la siguiente escala: 61 años, en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años 2026 y 2027, y 65 años desde 2028.

Con estas modificaciones que fueron elaboradas por el Poder Ejecutivo, la gobernadora María Eugenia Vidal pretende reducir el déficit que tiene la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia, previsto para el año próximo en unos 6.000 millones de pesos.

Además, modifica la tasa de sustitución, es decir el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 por ciento, con lo que lo "iguala con el resto de los empleados bancarios", según explicó en el recinto el diputado de Cambiemos, Marcelo Daletto.

Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años y no el mejor cargo ocupado en la entidad bancaria y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado hoy por el Congreso de la Nación para los jubilados del Anses.

"Todos queremos lo mejor para los empleados, futuros jubilados del Banco Provincia, para los actuales jubilados del Banco Provincia", sostuvo Daletto, que preside la Comisión de Presupuesto e Impuestos, pero alertó que la caja de jubilaciones de la entidad "no tiene los fondos para pagarle a sus beneficiarios, y hace décadas que tiene déficit".

El legislador explicó que la nueva ley "no alcanza a los derechos adquiridos de los actuales jubilados", aunque sostuvo que el déficit de la Caja "la provincia lo paga con endeudamiento y ese monto es el mismo presupuesto que votamos para servicio alimentario escolar de 2018; o es seis veces más de lo destinado para el Programa de Cáncer", graficó.

El legislador explicó que la caja "no respeta el sistema de ecuación de reparto", y puso como ejemplo que en 1960 el Banco Provincia contaba con unos 10 mil activos y unos 2500 jubilados con lo que la relación era de 3,65 activos por cada pasivo, y que hoy es de 0,68, porque conserva casi la misma cantidad de empleados, pero tiene más de 15 mil jubilados.

En Diputados, el debate parlamentario transcurrió con la negativa a tratarlo de los bloques de la oposición que pedían más tiempo para estudiar el proyecto e intentaron dejar la sesión sin quórum para impedir su tratamiento.

Es que Cambiemos mantiene un bloque de 44 legisladores, pero el quórum se configura con 47, por lo que un acuerdo con el bloque PJ Unidad y Renovación que integran los diputados referenciados con algunos intendentes posibilitó que al momento de la votación haya 48 diputados en el recinto.

Ese bloque mantuvo en sus bancas a los diputados Marisol Merkel, Federico Otermín y Fabiana Bertino, a los que se sumó Alejandra Martínez (Convicción Peronista) y, pese a que votaron en contra, posibilitaron a Cambiemos aprobar la iniciativa por 44 votos a 40.

Desde la bancada de Unidad Ciudadana, el diputado Miguel Funes calificó como "un saqueo a la caja de jubilados" la iniciativa aprobada y aseguró que ese bloque "nunca votará un proyecto en contra de los trabajadores".

En tanto, desde el Frente Renovador, Lisandro Bonelli propuso conformar una comisión de estudio para reformular el sistema previsional del Bapro y consideró que "no es necesario sacarlo entre gallos y medianoche cuando se discute el futuro de los próximos 40 años de los trabajadores".

Su par de bancada Pablo Gárate aseguró que con la ley sancionada "empezamos paulatinamente a sacarle a los trabajadores los derechos" y advirtió que "hoy empiezan por el Banco Provincia y van a seguir por los docentes, municipales y el resto de los trabajadores del Estado".

Tras la aprobación en Diputados, el debate se trasladó al Senado donde el oficialismo se vio beneficiado con la ausencia de los dos senadores del Frente Renovador al momento del pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto, para lo que se requiere los dos tercios de los votos de los presentes.

El presidente del bloque Cambiemos, el senador Roberto Costa, aseguró que las modificaciones a la ley jubilatoria del Bapro "es de una medida que viene a corregir una situación de privilegio que actualmente mantienen los empleados de esa entidad en relación al resto de los empleados"

"Se trata de una iniciativa que está en consonancia con un conjunto de medidas que buscan la equidad", graficó. 

En el Senado, el bloque de Unidad Ciudadana reclamó también que el proyecto pase a comisión para poder estudiarlo, y calificó de "nefasto" el tratamiento, según expuso el senador Juan Manuel Pignocco.

Menos privilegios

El proyecto integraba el paquete de leyes enviado días atrás por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con el fin de recortar el gasto político y eliminar privilegios y que incluyó, entre otras, la ya sancionada ley de Ministerios que eliminó 221 cargos políticos y la extensión de la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas para los legisladores bonaerenses.

La iniciativa modifica el artículo 2 del Decreto-Ley N° 9.650/80 de Régimen Previsional de la provincia de Buenos Aires y deroga los regímenes previsionales creados para los cargos de gobernador y vicegobernador, y de legisladores de ambas cámaras, respectivamente.

En sus fundamentos, el Ejecutivo expresó que "se trata de regímenes especiales denominados por la prensa como de privilegio, que habilitan a estos funcionarios a obtener prestaciones previsionales con requisitos distintos a los del régimen general, y con determinaciones de haberes y movilidades o actualizaciones superiores a la de los demás beneficiarios del régimen provisional general".

"La Constitución provincial consagra en su artículo 11 la igualdad de todos los habitantes de la provincia, y lo propio hace el texto de la Carta Magna respecto de todos los ciudadanos argentinos en su artículo 16. Por ello, es lógico y plausible comenzar a eliminar todos aquellos beneficios sectoriales que, a la luz de la situación del resto de la ciudadanía, pudieran visualizarse como situaciones priviiegiadas o ventajosas", precisó el proyecto.

Se aclaró que "no significa que exista una variación en el monto de las prestaciones que se vienen abonando a los beneficiarios de las prestaciones previsionales vigentes, las que tendrán la movilidad que se otorgue a los beneficiarios del régimen general.".

"En consecuencia, el desempeño de los cargos previstos en las leyes que por la presente se promueve su derogación, quedará incluido, a partir de la vigencia de la presente ley, dentro del ámbito de aplicación personal del régimen general del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires", precisó.