La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la diputada nacional electa Graciela Ocaña ( Cambiemos) por presunta defraudación al Estado nacional debido al cobro de vacaciones no gozadas del PAMI en 2007.

La fiscal le requirió al juez Sebastián Ramos que investigue si la ex directora ejecutiva del PAMI perjudicó a las arcas del Estado nacional por haber cobrado la liquidación de más de 50.000 pesos en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la Ley de Contrato de Trabajo no lo permitía.

La denuncia la formuló la propia fiscal Ochoa al extraer parte del testimonio de otro ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, de la causa en la que fue procesado por el mismo delito, pero por una suma superior al millón de pesos.