Empleados agrupados en el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVYARA) marcharán el próximo jueves al Congreso de la Nación, para reclamar que el Senado dé sanción definitiva al rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 461/2025 del Poder Ejecutivo, que dispuso el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El rechazo fue aprobado el pasado 7 de agosto en la Cámara de Diputados.

El gremio realizó el anuncio de la movilización tras presentar un escrito en la Cámara alta en el que advirtió que “el deterioro del estado de servicio de las rutas nacionales representa un serio riesgo para la seguridad vial, ya que es causa de accidentes y muertes de personas”.

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De esta forma, para el gremio vial la disolución del organismo “pone en riesgo vidas, el desarrollo de las economías regionales y la conectividad, tanto entre las provincias como con el resto de los países integrantes del Mercosur”.

 

El escrito del STVYARA alertó que el DNU 461/2025 se apoya en un informe del Ministerio de Transporte con “inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin rigor ni fundamento técnico”, al tiempo que “carece de sustento fáctico, contiene datos falsos y refleja un profundo desconocimiento de la infraestructura vial del país”.

El sindicato sostiene que el informe que sustenta al DNU de cierre “omite casi 50 funciones críticas de mantenimiento, control, seguridad, gestión, construcción, señalamiento, desarrollo y relevamiento clave”.

Entre otras funciones que el Poder Ejecutivo no tomó en cuenta, según el sindicato, se incluyen “el control de peso y dimensiones, el trabajo de cuadrillas y la evaluación de pavimentos que realiza la DNV con correlación directa con la salud de quienes transitan las rutas y caminos del país”.

El gremio estimó además que, “para el Estado, sería entre un 15% y un 50% más costosa la contratación de terceros para realizar estos trabajos” que hasta ahora hacía Vialidad.

Asimismo, denunció que “la retención de fondos del impuesto a los combustibles” durante 2024 y lo que va de 2025, sumado a “la desfinanciación presupuestaria, está acelerando el deterioro de las rutas, con impacto directo en la transitabilidad, la seguridad vial y las economías regionales”.

 

Detalles del freno judicial al DNU 461/2025

El decreto 461/2025 se encuentra frenado por una medida cautelar emanada del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 del partido bonaerense de San Martín, debido a que Vialidad fue creada a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver desde el Ejecutivo porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma.

La suspensión judicial paraliza el cierre por seis meses, a la espera de que la Justicia se expida de manera definitiva, por lo que los trabajadores de Vialidad Nacional intentan que el DNU quede sin efecto de manera terminante con el rechazo de las dos cámaras del Congreso.