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YPF: la jueza Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina para evitar la entrega de comunicaciones de funcionarios

La Procuración del Tesoro de la Nación consideró “incorrecta” la decisión de la magistrada. Qué acción evalúa promover el Gobierno de Javier Milei.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno de Javier Milei de que reconsiderara la solicitud de la entrega de comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de actuales funcionarios nacionales y de otros que pasaron por la gestión de Alberto Fernández involucrados en el caso YPF.

La decisión, difundida en un comunicado por la Procuración del Tesoro de la Nación, dejó firme así la obligación del país de responder a la solicitud de “discovery”. Ese término en inglés refiere a una herramienta procesal del derecho estadounidense que permite a la parte demandante requerir documentos, registros y comunicaciones a la contraparte.

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El organismo que encabeza Santiago Castro Videla calificó como "incorrecta" la resolución de la jueza de Nueva York y anticipó que comenzaron a estudiar la posibilidad de apelar.

La Procuración del Tesoro de la Nación precisó que los “elementos” solicitados por la magistrada “son propiedad inviolable de sus titulares”, al tiempo que remarcó que “ni siquiera el propio Gobierno argentino tiene acceso a éstos", por lo cual se empezaron a “analizar las vías procesales para su impugnación”.

Por último, remarcó que “la República Argentina reafirma su compromiso de continuar defendiendo con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, utilizando todas las herramientas legales a su alcance”.

El pedido que había cursado la jueza en julio

A mediados de julio último, Preska le pidió al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa.

La magistrada, en la solicitud, aclaró que no se exigía el contenido total de las comunicaciones, sino que se llevarían a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF” y “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.

El objetivo de los demandantes -fondos Burford y Eton Park- es demostrar que la empresa petrolera estatal, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación, entre otros, operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus respectivos activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por 16.000 millones de dólares.

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