El presupuesto nacional destinado a niños, niñas y adolescentes en Argentina podría sufrir una caída real del 16% si los créditos vigentes no son ampliados.

La advertencia fue presentada a través de un documento elaborado por UNICEF, donde se analiza la fuerte retracción de las partidas estatales dirigidas a la niñez en medio de un contexto de persistente vulnerabilidad social.

Retracción de recursos y sectores relegados por las partidas oficiales

El especialista Sebastián Waisgrais coordinó el informe del organismo internacional, el cual detalla que la ejecución presupuestaria durante los primeros cuatro meses de este año ya mostró una contracción real del 6%.

Las áreas más afectadas por las políticas de restricción fiscal de la Administración Pública Nacional son los programas alimentarios para comedores escolares, la infraestructura para la primera infancia y los planes de conectividad educativa.

Si bien durante el período previo se observó una mejora del 4% en el gasto general enfocado en los menores, ese repunte estuvo concentrado casi exclusivamente en transferencias de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por el contrario, la denominada Prestación Alimentar careció de esquemas automáticos de actualización y acumuló una devaluación presupuestaria real superior al 19%.

Impacto de la inversión pública frente a los índices de pobreza infantil

La reducción estimada por la entidad internacional representaría una pérdida directa de 0,29 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde la organización remarcaron que el recorte no se limita a un mero número macroeconómico, sino que condiciona de forma directa las herramientas de contención frente a los altos índices de pobreza infantil que registra el país.

La única excepción registrada dentro de la tendencia a la baja en la ejecución sectorial se ubicó en el área de salud.

Este indicador mostró una mejoría circunstancial motorizada por compras centralizadas de medicamentos, insumos de asistencia sanitaria y la distribución de vacunas. No obstante, las partidas destinadas a la protección de derechos civiles infantiles cayeron más del 22%.