Un reciente estudio de alcance nacional realizado por 15 universidades nacionales públicas de todo el país indicó que, al contrario de lo que propone el proyecto de Ley Bases del gobierno, la mayoría de la población está a favor de la presencia estatal en ámbitos relevantes de la vida social.

El 81% de la población encuestada de los centros urbanos se pronuncia a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76% considera que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario poniendo tope a los alquileres. El 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86% entiende que el Estado debe garantizar la educación de nivel primario y secundario y el 83,5% está en contra del arancelamiento a las universidades.

El estudio es parte del proyecto "La distribución en disputa: las políticas por la igualdad y sus soportes sociales desde la perspectiva del análisis de clase" del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC -ESA). Es un programa federal interuniversitario formado por 15 universidades públicas e institutos asociados y aporta evidencias para poner en duda la idea de que el avance contra la presencia estatal como garantía de derechos sociales, cuenta con sostenes políticos y culturales firmes en la ciudadanía.

El trabajo se basa en una encuesta probabilística presencial de 1.500 casos, personas de entre 18 y 69 años de edad, a nivel nacional, relevada entre abril y mayo.

"Este es un adelanto de una investigación grande, con distintos niveles de análisis. Decidimos difundirlo ahora porque entendemos que los núcleos de consenso que se relevan a través de este instrumento suponen puntos de partida distintos a los que se están dando por supuestos en gran parte del debate actual sobre los cambios normativos. Creemos que puede ser una advertencia importante para todos los actores políticos, pero sobre todo para aquellos que están en este momento con la responsabilidad de discutir estos cambios y sostienen una orientación hacia una mayor democracia y menor desigualdad social", dijo Verónica Maceira, profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del Programa de Investigación Regional Comparada-Estructura Social Argentina (PIRC-ESA).

En relación a la propuesta de liberalización de mercados de bienes y servicios esenciales contenida tanto en el DNU 70/23 como en la Ley Bases, el 72% consideró que el Estado debe garantizar el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar.

En temas laborales, en los que el gobierno propone la desregulación del trabajo, el 83% está a favor de aumentar las penas a las empresas que mantienen trabajadores en negro. En temas jubilatorios, en los que se propone desde el Ejecutivo la eliminación de la moratoria jubilatoria, el 72% considera que el Estado debe garantizar la jubilación de quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa.

También hay una contundente oposición a la mercantilización de los servicios sociales básicos tradicionales como salud y educación. El 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86 % entiende que el Estado debe garantizar la educación de nivel primario y secundario y el 83,5% está en contra del arancelamiento a las universidades, aspecto, este último, que quedó en evidencia con la masiva movilización universitaria federal de abril.

En relación a las necesidades de cuidado de niñas, niños y adultos mayores, el 75,3% se pronunció a favor de garantizar jardines maternales públicos y el 93% acordó en la necesidad subsidiar los medicamentos para los adultos mayores. Además, el 82% consideró que es obligación del Estado proveer alimentos a los comedores populares.