Amnistía Internacional alertó por un fuerte retroceso en Derechos Humanos en Argentina
En su informe anual, la organización denunció recortes, represión y pérdida de libertades durante el primer año de gestión de Javier Milei.
El diagnóstico no es alentador. Amnistía Internacional publicó esta semana su informe anual 2025, donde expuso un análisis crítico sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Según la organización, el país experimentó un “retroceso profundo” en distintas libertades básicas en apenas 12 meses de gestión del actual gobierno.
La evaluación se conoció a nivel global y ubicó a Argentina en el foco por lo que la ONG considera un deterioro acelerado en el acceso a derechos sociales, civiles y económicos. La directora ejecutiva de la filial local, Mariela Belski, aseguró: “Este primer año de Gobierno muestra un desprecio alarmante por los derechos de las personas más vulnerables”.
Doce derechos perdidos en un año
El documento destaca 12 derechos que, según Amnistía Internacional, sufrieron retrocesos concretos entre diciembre de 2023 y abril de 2025. Entre ellos se mencionan:
- El acceso a la alimentación,
- La salud,
- La educación pública,
- El derecho a protestar,
- La libertad de expresión,
- El derecho al trabajo digno,
- El acceso a una vivienda adecuada,
- La protección social,
- El respeto por la diversidad,
- Los derechos de los pueblos originarios,
- La protección del medioambiente
- Y el derecho a una justicia independiente.
Uno de los puntos más sensibles del informe se refiere a la respuesta del Estado frente a las protestas sociales. La organización alertó sobre el uso excesivo de la fuerza pública, el despliegue intimidatorio de fuerzas federales y la criminalización de la protesta, especialmente durante las manifestaciones contra el DNU y la Ley Ómnibus.
Además, el informe denunció una "narrativa estigmatizante" hacia periodistas, sindicalistas, mujeres organizadas, pueblos originarios y opositores políticos.
Llamado urgente al Estado argentinoAmnistía Internacional le pidió al Gobierno nacional que revierta las políticas que profundizan la desigualdad, y que garantice los derechos básicos para toda la población, especialmente los sectores más vulnerables.
El informe también solicitó al Congreso y al Poder Judicial que actúen como contrapeso institucional para frenar medidas que comprometen el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Una advertencia con impacto internacional
El informe fue replicado por medios internacionales y ya generó repercusiones diplomáticas. Desde el Gobierno no hubo respuesta oficial al documento, pero fuentes cercanas a Casa Rosada descartaron las acusaciones y defendieron el rumbo económico y político del presidente Javier Milei.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos locales respaldaron el informe y reclamaron una audiencia con autoridades nacionales para exigir una agenda de protección social urgente.
