El debate por los cambios a la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en el Congreso. Diputados de la oposición inscribieron a casi 20 mil personas para participar de la audiencia pública vinculada al proyecto, lo que podría extender el proceso de exposición y demorar hasta dos meses el avance de la discusión parlamentaria.

Ante las caras largas del oficialismo, que busca un tratamiento exprés, la convocatoria masiva generó un cuello de botella en la organización de las intervenciones y obligó a replantear el esquema previsto para la audiencia.

Los diputados Maximiliano Ferraro, Carlos Selva y Natalia Zigarán impulsaron la inscripción de miles de participantes para garantizar que el debate incluya la mayor cantidad posible de voces.

Desde esos sectores sostienen que el objetivo es ampliar la discusión pública sobre una iniciativa que consideran de alto impacto ambiental y económico.

El rol de la Cámara de Diputados y la organización de la audiencia

La organización de la audiencia pública quedó bajo la órbita de la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem.

Sin embargo, la magnitud de las inscripciones generó dificultades logísticas para coordinar las exposiciones. En el Congreso reconocen que, con el número actual de anotados, el proceso de audiencias podría extenderse durante varias semanas.

De acuerdo con estimaciones preliminares, si todos los inscriptos tuvieran tiempo para exponer, el debate podría prolongarse hasta dos meses antes de que el proyecto vuelva a discutirse formalmente en comisión.

Un debate clave 

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares genera fuertes posiciones encontradas entre sectores políticos, ambientales y productivos. El tema tiene mucha história en el país.

Mientras algunos legisladores sostienen que es necesario revisar aspectos de la normativa para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, otros advierten que cualquier modificación podría debilitar los mecanismos de protección de ecosistemas sensibles.

La audiencia pública se plantea como una instancia clave para que especialistas, organizaciones ambientales, representantes de provincias y ciudadanos puedan expresar sus posiciones antes de que el Congreso avance con el tratamiento del proyecto.