Caso $LIBRA: una jueza de EE.UU. reveló que investiga si Javier Milei fue beneficiario de la criptoestafa
Las sospechas sobre el Presidente quedaron de manifiesto en un fallo de la magistrada federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York. Alcanzan también a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La jueza federal estadounidense Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión que pedían autorización para obtener pruebas sobre la eventual vinculación del Estado argentino con los millonarios activos que generó la criptomoneda $LIBRA, que a su vez se desplomó de manera repentina y provocó cuantiosas pérdidas a miles de inversores.
La magistrada, al denegar ese pedido, expresó dudas sobre la responsabilidad que pudieron haber tenido en el caso el presidente Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el empresario estadounidense Hayden Davis, quien reconoció públicamente haber estado detrás del token.
Todas las noticias de Crónica, EN VIVO
Rochon, en su resolución, fechado el pasado 3 de octubre, alude a las presentaciones en la Justicia argentina en ese sentido y sugirió que los millones ingresos logrados con la criptomoneda podrían haber beneficiado a nivel personal a los hermanos Mlei y al empresario, en vez de a la República Argentina.
La jueza, en su resolución, sostuvo que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana, Karina, o el empresario Hayden Davis”.
Para Rochon, los fondos demandantes incurrieron en una “excursión de pesca” al pedir documentación y testimonios con un alcance desproporcionado.
La jueza rechazó la solicitud de los fondos Palladian Partners, Hirsh Group, HBK Master Fund y Virtual Emerald International, que pretendían acceder a documentación y comunicaciones del empresario Benjamin Chow, cofundador de la plataforma Meteora, usada para operar la criptomoneda $LIBRA.
Los demandantes mantienen un juicio en Londres contra la República Argentina por títulos emitidos tras el default de 2001.
Argumentaron en la presentación ante Rochon que la información podía ser útil para rastrear posibles activos del Estado argentino y cobrar así una sentencia a su favor dictada por la Justicia británica en 2023 por más de 1.500 millones de euros.
Al denegar la solicitud, la jueza argumentó que el pedido “resulta excesivamente amplio y poco relevante” para el objeto del proceso.
Por último, adujo que los demandantes “no demostraron que los documentos solicitados" contengan "información útil o directamente vinculada a activos de la República Argentina”.
