El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, llevó a cabo una presentación ante la Cámara Federal de Tucumán para apelar la decisión del juez Sebastián Argibay de desestimar el pedido de apertura de instrucción, rechazar medidas como la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, y declararse incompetente para seguir interviniendo en la causa que investiga presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos.

En su presentación, Simón además solicitó que el Consejo de la Magistratura evalúe la conducta de Argibay, juez federal de Santiago del Estero, quien desestimó su dictamen y envió el caso al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

"La resolución recurrida se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir la profusa plataforma fáctica detallada por este Ministerio Público Fiscal", advirtió Simón, quien recalcó que allí se informa "con precisión, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama, transferencias bancarias y roles funcionales específicos de cada imputado".

Resolución "arbitraria"

Al apelar la decisión que desestimó la investigación por supuesto lavado de activos y asociación ilícita contra Tapia, Toviggino y otros 23 implicados, el fiscal consideró que la resolución del juez fue "arbitraria", "dogmática" y carente de fundamentación válida. Recordó, además, que Argibay se reincorporó de una licencia el 21 de abril -un día antes de lo previsto- y en menos de una hora rechazó un requerimiento de instrucción de 181 páginas, declaró la incompetencia territorial del juzgado y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Campana.

En este marco, la apelación hace hincapié en la supuesta contradicción del magistrado ya que Argibay sostuvo que no había un hecho delictivo concreto pero se declaró incompetente y remitió el expediente a la justicia federal de Campana. "¿Existe una defraudación o no?", planteó el fiscal, al cuestionar la lógica de esa decisión.

La investigación tiene como eje central una red de sociedades presuntamente vinculadas a Toviggino a través de las cuales, según la Fiscalía, se habría canalizado dinero proveniente de la AFA. El requerimiento de instrucción detalla transferencias de la entidad a empresas como Servicios Neurus S.A., SOMA S.R.L., Carbello S.R.L. y Servicios Lindor S.A., por un total de $3.633.013.825,80 pesos. Varias de esas firmas figuran en la base de contribuyentes apócrifos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se advirtió en ese dictamen.