En un depósito de la Isla de Marchi hay más de 7.000 cascos para motociclistas que fueron comprados durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández y nunca se entregaron. Ese conflicto motivó, hace un mes, la renuncia de la directora de la Agencia de Seguridad Vial (ANSV), Daniela Ortiz, quien ayer fue reemplazada por Pedro Scarpinelli.

Los cascos se compraron en 2022. "Había una investigación interna para saber si estaban vencidos pero no había motivos para retenerlos", dijo un vocero oficial de la Secretaría de Transporte a un medio de comunicación. La misma fuente aseguró que los cascos se entregarán "cuanto antes".

La compra costó alrededor de 400 millones de pesos. Los cascos estaban destinados al Programa Federal de Entrega de Cascos y Equipamiento Refractario que tenía como objetivo la capacitación de los motociclistas ya que son las principales víctimas de los accidentes de tránsito.

Según la Organización Mundial de la Salud, la utilización de casco, de hecho, reduce la posibilidad de muerte en un 40% y la posibilidad de lesiones graves en un 70 por ciento.