La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció en la justicia penal a un empleado del organismo que realizó tareas jerárquicas durante el macrismo por "accesos indebidos a los sistemas internos", en referencia a la base de datos donde constan todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos, y repudió "cualquier maniobra de espionaje y persecución". 

El denunciado ante la justicia federal es Vicente Luis Magnaterra, a quién se acusó de haber "realizado 56.864 consultas en los sistemas internos del organismo, de las cuales 35.439 (62,32%) no tenían justificativo alguno", sostiene la presentación a la que tuvo acceso Télam, firmada por el titular del organismo, Carlos Daniel Castagneto, con fecha 16 de febrero y que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

Luego de calificar la situación como "gravísima", Castagneto sostuvo que desde el organismo "tenemos mucha base de datos y tenemos mucha información" y marcó que "por eso no puedo entrar a la cuenta de alguien a ver qué hace, que si comió o no comió, si viajó, no viajó”.

“Entraron a las cuentas de 35.439 personas que no tenían que ingresar a ver qué hacía cada uno y a ver después que le decían cuando hablan mal de ellos, ya que tenían toda la información”, señaló.

El funcionario marcó como una "tranquilidad" que ni el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta ni nigún otro funcionario del Gabinete "a nosotros nos está pidiendo que veamos nada en especial”, sino que, por el contrario “nos está diciendo que trabajemos con la seriedad, la responsabilidad. Por ende, no haría otra cosa que ser así”, concluyó.

Además de Magnaterra, se solicita investigar "a toda otra persona que como consecuencia de las actuaciones, resultare autor, coautor, cómplice, instigador o encubridor" de lo denunciado debido a que el organismo considera que es materialmente imposible que una sola persona haya podido realizar todos esos ingresos.

En la presentación se remarca también que los funcionarios de la AFIP no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada y se considera, por otra parte, que las acciones investigadas también "agravian directamente a la administración pública" debido a que habrían sido realizadas "en el ámbito del organismo con la utilización de sus sistemas informáticos y bienes".

Los datos arrojados indican que las 60.000 consultas realizadas por Magnaterra corresponden al periodo comprendido desde el "01/01/2017 al 24/10/2019, cuando el denunciado, que sigue siendo empleado del organismo, se desempeñó como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna durante la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP", precisó el organismo en un comunicado.