La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó una modificación clave a la Ley Orgánica de la Justicia Provincial para reincorporar como jefe de los fiscales al ex procurador general Eduardo Sosa, quien tuvo que cesar en sus funciones a partir de una reforma constitucional que en 1995 eliminó el cargo, en plena administración del entonces gobernador Néstor Kirchner.

Durante el desarrollo de la séptima sesión ordinaria del período legislativo, una mayoría conformada por 13 diputados dio luz verde a los cambios sobre la Ley 1.600, que regula la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial local.

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"Mi voluntad y mi objetivo es ver si puedo ser útil como procurador general de Santa Cruz", había dicho el año último Sosa cuando se conoció el proyecto oficialista para restituirlo en el puesto, detalló La Opinión Austral.

Voceros parlamentarios argumentaron que el propósito principal de la modificación legislativa es materializar un acto de reivindicación de carácter institucional, político y simbólico en favor de Sosa, cuyo apartamiento en la década del '90 ocasionó un prolongado conflicto de Poderes y sucesivos reclamos.

El aval del gobernador de Santa Cruz

La resolución parlamentaria recibió el respaldo del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ponderó el resultado de la votación al señalar que el retorno de Sosa repara "una de las heridas institucionales más profundas" de la provincia.

"Antes de asumir como gobernador tuve la oportunidad de reunirme con el Dr. Eduardo Sosa. En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia", recordó Vidal.

El mandatario aseguró que, en ese encuentro, había asumido el "compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo".

El gobernador sostuvo que "no se trataba solamente de una cuestión personal", sino de "reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política".

Para que la restitución adquiera plena vigencia administrativa, la normativa aprobada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, que encabeza Vidal.