El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, negó que existan recortes presupuestarios y aseguró que el conflicto gira en torno a los reclamos salariales de los gremios docentes. También cuestionó la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso.

En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional volvió a endurecer su postura frente al reclamo de docentes, estudiantes y autoridades académicas. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que la movilización "está construida emocionalmente sobre una mentira" y negó que exista un recorte presupuestario sobre las universidades públicas.

"El problema no es un recorte, sino que no hay una actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos", sostuvo el funcionario en declaraciones radiales, donde además calificó a la protesta como una manifestación "política".

Álvarez también cuestionó la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por la oposición y respaldada por distintos sectores del sistema educativo. "Es la única paritaria que fue aprobada en el Congreso. Nunca vi que votaran una ley para actualizar salarios de otros trabajadores", planteó.

La discusión por los salarios y el presupuesto universitario

El artículo 5 de la ley establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes universitarios y no docentes de acuerdo con la inflación acumulada medida por el INDEC desde diciembre de 2023.

Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que las exigencias gremiales exceden las posibilidades presupuestarias actuales. "Quieren un aumento del 50%", afirmó Álvarez, quien además vinculó el conflicto con una disputa política contra la gestión de Javier Milei.

"Muchas de las cosas que movilizan emocionalmente están construidas sobre una mentira", insistió el funcionario, y recordó que durante la primera movilización universitaria se había instalado -según su visión- la idea de que el Gobierno buscaba cerrar las universidades nacionales.

"Yo no veo ninguna universidad cerrada", ironizó.

Además, el subsecretario defendió la postura oficial respecto a la vigencia presupuestaria y aseguró que la discusión debe regirse por la Ley de Presupuesto 2026, aprobada posteriormente a la ley de financiamiento impulsada por el Congreso.

Mientras tanto, el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas continúa escalando en medio de las protestas por la pérdida salarial docente y las denuncias por falta de fondos para el funcionamiento del sistema universitario.