El Gobierno de Javier Milei llamó a una licitación pública nacional e internacional para avanzar en la venta de las acciones que tiene el Estado en AySA, la empresa proveedora del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Será la primera compañía de servicios públicos en pasar a manos privadas durante la gestión libertaria. 

Los pliegos fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía. 

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La operación buscada contempla la venta del 90% del paquete accionario de la compañía, actualmente en manos del Estado nacional, en tanto que el 10% restante continuaría bajo titularidad de los empleados de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada. 

La resolución prevé que la privatización se realice mediante una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple, sin base, destinada a seleccionar un "operador estratégico" para la compañía. 

La disposición estipula además que el proceso se desarrolle mediante la plataforma Contrat.ar, donde estarán disponibles el pliego de bases y condiciones, y toda la documentación vinculada a la operación.

La resolución establece asimismo que el llamado deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DgMarket del Banco Mundial (BM), además de difundirse en sendos sitios web del Ministerio de Economía y AySA. 

El cronograma oficial prevé que podrán realizarse consultas sobre el pliego hasta el 12 de agosto próximo, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto a las 9:59. 

Ese mismo día, a las 10, se concretará la apertura de sobres mediante un acto público electrónico, según se consigna en la resolución. 

El contexto de la medida 

El Poder Ejecutivo ya había aprobado que la concesión sea por 30 años para AySA y la transferencia de acciones en abril último, mediante la Resolución 543/2026. 

Esa autorización, además, contempla la posibilidad de extender la concesión hasta por 10 años más y establece que, durante el período convenido, la empresa mantenga la explotación exclusiva del servicio en el área regulada.