El Gobierno oficializó este lunes un nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario, una herramienta que busca fortalecer la prevención, detección e investigación de este delito en los aeropuertos argentinos. 

La medida, que quedó formalizada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 468/2026, reemplaza el protocolo que se encontraba vigente desde 2018.

En el texto oficial, se destaca que la normativa dispone la actualización de los procedimientos que deberá aplicar la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), teniendo en cuenta que la trata de personas ha evolucionado en los últimos años con modalidades cada vez más complejas y organizadas. El objetivo es dotar al personal de herramientas más eficaces para detectar posibles víctimas y actuar de manera rápida y coordinada.

Entre las principales modificaciones, el protocolo establece la designación de oficiales referentes del delito de trata en cada unidad de la PSA. Además, los anexos que contienen los procedimientos operativos y la identificación de esos agentes tendrán carácter reservado, con el fin de evitar filtraciones que puedan comprometer investigaciones en curso o poner en riesgo a las víctimas.

La normativa también determina que el cumplimiento del protocolo será obligatorio para todo el personal de la fuerza. En esa línea, se confirmó que la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual será la encargada de monitorear su aplicación, promover su actualización periódica y coordinar acciones de capacitación y difusión.

Uno de los ejes centrales de la nueva disposición es la protección de las víctimas. Para ello, las intervenciones deberán regirse por principios como la urgencia, la celeridad, la confidencialidad, el respeto por los derechos humanos y la evaluación permanente del riesgo. Asimismo, se busca evitar la revictimización y garantizar la seguridad de las personas afectadas durante todo el procedimiento.

En los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, el protocolo establece que todas las actuaciones deberán realizarse conforme al principio del interés superior del menor, asegurando su protección integral de acuerdo con la legislación argentina y los tratados internacionales vigentes.

La resolución también recuerda que la trata de personas comprende la captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del país o hacia el exterior. 

Entre las modalidades contempladas figuran la explotación sexual, el trabajo forzoso, la reducción a la esclavitud, el matrimonio forzado, la producción de material de abuso sexual infantil y la extracción ilegal de órganos, entre otras.

Desde el Gobierno señalaron que la actualización del protocolo responde al crecimiento y la sofisticación de las redes de trata, que aprovechan situaciones de vulnerabilidad como la pobreza, la migración o el aislamiento social. En ese contexto, los aeropuertos son considerados puntos estratégicos para detectar estos delitos y fortalecer la respuesta del Estado frente a una problemática de alcance nacional e internacional.